El reciente acto de la presidenta Dina Boluarte al promulgar una ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por crímenes contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú ha causado una profunda división en la sociedad peruana. Boluarte defendió la ley en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, argumentando que se busca hacer justicia para quienes combatieron el terrorismo entre 1980 y 2000. Sin embargo, la aprobación de esta norma ha sido recibida con rechazo tanto a nivel nacional como internacional, generando un claro descontento en las familias de las víctimas que aún claman por justicia y reparación por las atrocidades sufridas durante la guerra.
Gisela Ortiz, vocera de las víctimas de la masacre de La Cantuta, expresó su indignación al afirmar que la ley «premia a los violadores de derechos humanos» y busca cerrar investigaciones que aún están en curso. Esta situación ha sido un fuerte golpe para quienes han vivido décadas de sufrimiento y esperan ver a los responsables llevados ante la justicia. Por otro lado, Teófila Ochoa, sobreviviente de una masacre militar, aseguró que es doloroso como peruana ver que los asesinos pueden quedar en libertad, enfatizando la perspectiva de impunidad que esta ley podría generar.
La amnistía beneficiará a un amplio grupo de militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa que están siendo investigados o procesados, lo que podría resultar en la liberación de figuras relevantes como Santiago Martín Rivas, condenado por su implicación en las mortales masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que, bajo esta ley, más de 600 casos en proceso, así como 156 sentencias firmes, podrían quedar cancelados, perpetuando un ciclo de impunidad en el estado peruano.
Entre los promotores de la ley se encuentra Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, quien ha enfatizado que esta legislación es un acto de justicia hacia aquellos que defendieron al país del terrorismo. Los defensores de la amnistía argumentan que se debe reconocer y proteger a quienes dieron su vida en la lucha contra la violencia de grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el MRTA. Sin embargo, críticos señalan que esta narrativa ignora el sufrimiento de las víctimas, abriendo nuevamente viejas heridas en una sociedad que aún busca sanar.
La incertidumbre se vuelve inminente ante la posibilidad de que un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se involucre en el asunto. Las organizaciones de víctimas han comenzado protestas y buscan acciones legales para evitar la aplicación de la amnistía, y depositan su esperanza en que los jueces peruanos puedan desaprobar la ley por su inconstitucionalidad. Con el trasfondo de un Estado que ha ignorado resoluciones previas del CIDH, es evidente que el camino hacia la verdad y la justicia en el contexto del conflicto armado interno en Perú sigue siendo un desafío monumental.
