Colombia se encuentra bajo un manto de dolor y preocupación tras el escándalo por el abuso sexual de al menos 12 niños en el hogar del ICBF en Villa Javier, Bogotá, donde Freddy Arley Castellano Velasco ha sido señalado como el principal responsable. Este caso conmocionó a la sociedad y dejó al descubierto las vulnerabilidades en las instituciones que velan por el bienestar de los menores. Sin embargo, la angustia ha aumentado con la reciente denuncia de presunto abuso en un jardín infantil privado en Fusagasugá, donde los padres de una niña de cuatro años han levantado la voz para exigir justicia.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la denuncia y reveló que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió la información el pasado 8 de mayo. La madre de la menor alegó que su hija había sido víctima de tocamientos dentro del jardín infantil ‘Centro Integral Pilos y Pilosos’. Ante esta grave acusación, el ICBF activó de inmediato la ruta de protección a la infancia, asegurando que se adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la niña y otros menores involucrados.
En respuesta al alarmante incidente, el ICBF decidió trasladar a otros cuatro niños a su sede central en Bogotá para realizar valoraciones y verificaciones, siguiendo el protocolo establecido para casos de abuso. Además, la niña afectada fue llevada a Medicina Legal para realizar un examen medicolegal en el Hospital San Rafael de Fusagasugá, lo que podría proporcionar pruebas cruciales en el proceso penal contra el presunto abusador. Este procedimiento estará acompañado por una entrevista forense que se llevará a cabo por un funcionario del CTI.
Para garantizar la seguridad de los menores y evitar que se repitan situaciones similares, la Policía de Fusagasugá tomó la decisión de suspender por diez días las actividades del jardín infantil donde ocurrió el abuso. Durante este tiempo, se realizarán investigaciones a fondo para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y de seguridad del establecimiento. Se ha identificado al sospechoso, un joven de 21 años, quien se encuentra a disposición de la justicia mientras prosiguen las indagaciones.
Este nuevo caso de presunto abuso sexual se suma a la creciente preocupación por la seguridad de los niños en los entornos educativos en Colombia. La sociedad exige respuestas contundentes y acciones efectivas por parte de las autoridades para proteger a los más vulnerables. El gobernador Rey ha expresado su compromiso de estar atento a los avances en el proceso judicial, asegurando que se implementarán todas las medidas necesarias para proteger a los niños y garantizar su bienestar en el futuro.
