En un escabroso giro de los acontecimientos en el caso del Hogar Infantil Canadá en San Cristóbal, Bogotá, los padres de los niños afectados por los abusos de Freddy Castellanos han denunciado que docentes de la institución han utilizado su nombre para intimidar a los menores. Esta alarmante revelación ha generado una ola de indignación entre las familias, quienes ahora exigen justicia y un exhaustivo proceso de investigación. Margie Espinel, madre de una de las supuestas víctimas, se ha convertido en la voz de los afectados tras hacer públicos los horribles métodos de coacción que empleaban algunos educadores: «Si no comes, te llevo donde Freddy». Lo que parecía ser una simple amenaza se ha transformado en una acusación grave que pone en entredicho la seguridad y el bienestar de los menores bajo el cuidado de la institución.
Las denuncias en torno a Freddy Castellanos, quien se encuentra actualmente tras las rejas por la presunta agresión de al menos doce niños de entre tres y cinco años, han tomado un rumbo inquietante. La Fiscalía General de la Nación ha señalado que el acusado se valía de su rol como educador para llevar a cabo sus horrendas acciones. Sin embargo, la revelación de que algunos docentes utilizaron su nombre para amedrentar a los niños señala una posible cultura de encubrimiento y negligencia dentro del propio hogar infantil. La voz de la madre que divulgó esta situación ha resonado en redes sociales, visibilizando un problema que podría ser más profundo de lo que inicialmente se pensaba.
La situación descrita por Margie Espinel ha puesto en evidencia la falta de atención y la desconfianza de la que fueron objeto las madres al intentar alertar sobre los abusos. A pesar de los cambios notables en el comportamiento de su hija, en el centro infantil minimizaron sus preocupaciones y cuestionaron la credibilidad de la pequeña. Espinel relata que, tras acudir a las autoridades, su hija fue hospitalizada y se corroboró el abuso por parte de Medicina Legal. Este tipo de desatención resalta la necesidad imperiosa de revisar los protocolos de actuación en instituciones encargadas de cuidar a los más vulnerables y de garantizar su protección.
Las palabras de Espinel han dejado atónitos a los oyentes en medios de comunicación, donde denunció la forma en que la institución trató su reclamo. “Lo único que hicieron fue dudar de mi hija. Dijeron que era un caso confuso y que el profesor tenía derecho a defenderse”, expresó con desesperación. Este testimonio no solo refuerza la necesidad de una investigación clara sobre el abuso, sino que también denuncia una posible complicidad o, al menos, una inacción por parte de los responsables del hogar infantil. La desaprobación de la comunidad se está intensificando, instando a las autoridades a tomar medidas más drásticas y efectivas.
La situación en el Hogar Infantil Canadá ejemplifica una crisis de confianza en el sistema de bienestar infantil en Colombia. Mientras las familias de los niños afectados claman por justicia y respuestas a sus inquietudes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) enfrenta presiones significativas para mejorar los mecanismos de supervisión y protección de los menores bajo su cargo. La combinación de los abusos perpetrados por Castellanos y las amenazas perpetradas por otros docentes ha creado un ambiente cargado de desconfianza y miedo. La sociedad espera que se tomen acciones decisivas que no solo busquen castigar a los culpables, sino también garantizar un entorno seguro para todos los niños que dependen de estas instituciones.
