El 9 de enero de 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa tomó una decisión histórica al declarar la existencia de un conflicto armado interno, lo que llevó a ordenar a las fuerzas armadas la neutralización de 22 grupos de crimen organizado. Esta declaratoria se inscribe en un contexto de creciente violencia en el país, que en 2025 reportó un alarmante incremento del 30,48% en homicidios en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 9.216 muertes violentas. Aunque la militarización inicial de la seguridad pública logró reducir los niveles de violencia en las prisiones, los resultados positivos fueron insostenibles, reflejando una crisis de seguridad que ha sumido al Ecuador en uno de sus periodos más letales de la historia moderna.
A fin de enfrentar esta situación, el gobierno de Noboa implementó una serie de medidas que recuerdan a las estrategias de seguridad propuestas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entre las acciones destacadas se encuentran la construcción de una megacárcel, el establecimiento de estados de excepción prolongados y un despliegue militar a lo largo del país para recuperar el control del territorio. En diciembre de 2025, Noboa se mostró convencido de que su administración había tomado decisiones difíciles e importantes para confrontar lo que él mismo denominó «narcoterrorismo». Sin embargo, críticos como Luis Córdova han cuestionado la eficacia y la sostenibilidad de estas estrategias, advirtiendo sobre la dificultad de replicar el modelo salvadoreño en un contexto ecuatoriano tan diferente.
El modelo salvadoreño de Bukele, aunque eficiente en ciertos aspectos, enfrenta desafíos inmensos en Ecuador debido a la complejidad del crimen organizado que opera en el país. Según la investigadora Karen Sichel, las pandillas de El Salvador son fundamentalmente distintas a las redes delictivas de Ecuador, que se financian de manera sólida a través del narcotráfico y operan en un sistema mucho más fragmentado. La fragmentación de las organizaciones criminales ecuatorianas, evidenciada por constantes cambios de liderazgo y alianzas inestables, plantea un reto significativo para las fuerzas de seguridad. Con un territorio diverso y poblaciones dispersas, combatir el crimen organizado en Ecuador requiere más que la mera militarización de la seguridad.
La relación entre el crimen organizado y la sociedad ecuatoriana es también un factor crucial a considerar. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado menciona que el lavado de activos es la estrategia que no solo valida, sino que perpetúa las actividades ilícitas en el país, fusionando la economía lícita e ilícita. La corrupción y el crimen no solo son percibidos como elementos externos, sino que se infiltran en instituciones y dinámicas sociales. Este fenómeno hace que las soluciones al crimen organizado tengan que abordar problemas estructurales y socioculturales más profundos que la simple respuesta militar, algo que actualmente parece ignorar la estrategia del gobierno.
Finalmente, la situación de derechos humanos en Ecuador se ha deteriorado, con informes de violaciones que incluyen ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Mientras que Noboa intenta consolidar su imagen como un líder fuerte, la caída en la libertad de prensa y las críticas de organismos internacionales indican una creciente restricción del espacio democrático en el país. Expertos advierten que, a diferencia del caso salvadoreño, el retroceso de derechos civiles en Ecuador no responde a un éxito en la lucha contra el crimen, sino a un fracaso en la percepción pública de la seguridad, lo que ha llevado a Noboa a restringir la disidencia a medida que el clima de violencia y ansiedad se intensifica.
