Perú ha sido un referente en la gestión macroeconómica, destacando a pesar de la inestabilidad política que ha vivido en los últimos años. Desde las reformas de principios del siglo XXI que sacaron al país de una profunda crisis, la economía ha experimentado un crecimiento sostenido y una atracción notable de inversiones extranjeras. La solidez de sus cuentas públicas y la estabilidad del sol peruano han sido admiradas en América Latina, donde muchos países enfrentan serios problemas financieros. Sin embargo, la realidad es que, aunque los indicadores macroeconómicos sean positivos, la constante rotación de presidentes y la falta de un gobierno estable han afectado a la población en diversos aspectos, según señalan muchos especialistas del país.
Las condiciones que han permitido a Perú mantener esta fortaleza económica se sustentan en varias características estructurales. La economía peruana es abierta y ha sabido ofrecer seguridad jurídica a los inversores, factores clave que contrastan con la vulnerabilidad financiera de otras naciones de la región. Igualmente, la autónoma gestión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha jugado un papel fundamental al evitar ser arrastrado por las disputas políticas, enfocándose en criterios técnicos que han robustecido la estabilidad fiscal. Esta independencia ha permitido mantener el valor del sol y controlar la inflación, lo que ha sido crucial para la confianza de los inversores.
Sin embargo, a pesar de los logros, es innegable que la inestabilidad política ha tenido un precio. Desde 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ha desacelerado notablemente, destacando que el promedio de crecimiento ha sido sólo de un 2,3% en los últimos años, alejado del potencial que podría alcanzar Perú. Expertos como Armando Mendoza advierten que, si hubiesen existido políticas económicas más coherentes y predecibles, el país podría haber estado creciendo a tasas superiores al 5% en lugar de los tímidos números actuales que han dejado aún a una gran parte de la población sin recuperar sus niveles de empleo y de ingresos previos a la pandemia.
La año 2023 sirve como un claro ejemplo de cómo la agitación política afecta adversamente la economía nacional. La destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo desató una ola de protestas que resultó en una contracción del 0,55% del PIB. Este impacto económico se traduce en una pérdida de oportunidades para el desarrollo del país. Los analistas coinciden en que, con la experiencia reciente del caos político, se ha vuelto prácticamente imposible implementar políticas sostenidas y efectivas que apunten a un crecimiento económico sólido y duradero. La volatilidad de los gobiernos se refleja no solo en la inestabilidad de los presidentes, sino también en la efímera duración de los ministros de economía, lo cual complica aún más la planificación necesaria para atraer inversiones sostenibles.
De cara al futuro, el país tiene la oportunidad de recuperarse y dirigir la economía hacia un crecimiento real, pero está condicionado a la resolución de factores externos e internos. Con una inflación manejada y precios internacionales favorables para sus exportaciones, Perú podría beneficiarse de un crecimiento proyectado del 2,9% en 2026, aunque todo depende de la situación política, especialmente con las elecciones que se avecinan. La elección de nuevos miembros en el BCRP también será crucial para mantener la estabilidad macroeconómica. Así, el futuro del país no solo pasa por recuperar la confianza de los inversores, sino por crear un entorno político que permita a la economía dejar atrás su “modo zombi” y avanzar hacia un camino de prosperidad que beneficie a toda la ciudadanía.
