En un contexto marcado por una profunda crisis económica, el presidente boliviano Rodrigo Paz declaró que «Bolivia está enferma» y justificó la inmediata eliminación del subsidio a los combustibles, un apoyo que había mantenido durante casi 20 años. Durante su mensaje a la nación, Paz enfatizó que el país enfrenta la peor crisis en su historia, enfrentando altos niveles de inflación, una grave falta de reservas y un déficit económico descomunal. La eliminación del subsidio, que había costado al Estado aproximadamente 2000 millones de dólares anuales, significa que los precios de la gasolina y el diésel sufrirán un aumento significativo, una decisión que ha generado tanto apoyos como críticas en la esfera política boliviana.
El anuncio del nuevo régimen de precios de los combustibles llevó a una avalancha de conductores hacia las gasolineras, quienes buscaban abastecerse antes de que se implementaran las nuevas tarifas. El precio de la gasolina especial, que pasará de 0,53 a un dólar por litro, mientras que el diésel costará 1,40 dólares, ha sido una fuente de preocupación entre la población. A pesar de esta medida drástica, Paz optó por aumentar en un 20% el salario mínimo, comunicando que ahora será de 474 dólares al mes, en un intento por mitigar el impacto de los nuevos costos en la población más vulnerable.
Sin embargo, esta decisión fue recibida con un fuerte rechazo por parte de su vicepresidente, Edman Lara, quien considera que las nuevas políticas económicas perpetuarán la pobreza y el desempleo en el país. La tensión entre Paz y Lara se ha intensificado, especialmente después de que Lara se reuniera con líderes tanto del gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC) como de la oposición, en una clara muestra de disenso ante las políticas implementadas por el presidente. Asimismo, el expresidente Evo Morales también se manifestó en contra de la eliminación de los subsidios, catalogando esta medida de improvisada y perjudicial para las clases trabajadoras.
Para complicar aún más la situación, los aumentos en los precios de los combustibles ya tienen repercusiones directas en el costo del transporte público, que ha visto incrementados sus tarifas de manera considerable. Los pasajes en trayectos cortos han aumentado de 0,34 a 0,71 dólares, mientras que las rutas interurbanas se elevaron de 0,43 a 0,93, lo que ha generado un descontento inmediato entre los usuarios. Líderes del sindicato de transportistas amenazaron con revertir estas nuevas tarifas si el Gobierno opta por retroceder en su decisión de eliminar los subsidios, reflejando el enojo social que se comienza a gestar.
Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos ha mostrado un apoyo explícito a la gestión de Paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, aplaudió los esfuerzos del nuevo presidente por implementar reformas significativas que atraigan inversión internacional y abordó el régimen de repatriación de capitales como un aspecto clave para la recuperación económica de Bolivia. Aunque la administración de Paz ha manifestado su intención de evitar el auxilio del Fondo Monetario Internacional, parece que su acercamiento a Washington podría ser una posible salida para las dificultades financieras a las que se enfrenta el país, especialmente con la promesa de abrir vastas reservas de litio a la inversión extranjera.
