El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha escalado la preocupación por la violencia en México, siendo este el sexto caso de asesinato de un alcalde en el país en lo que va del año. Manzo era conocido por su enérgica postura de «cero tolerancia» ante el crimen y había estado en la mira de grupos delictivos por su política de combate directo al crimen organizado. Su muerte a tiros durante el Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad, un evento donde asistían cientos de personas, incluidos niños, ha manifestado la grave situación de inseguridad que asola no solo a Michoacán, sino a varias entidades del país.
La tragedia ocurrió a las 20:00 hora local, cuando un grupo armado irrumpió en el evento y atacó a Manzo, quien fue alcanzado por seis disparos. Los esfuerzos por llevarlo a un hospital fueron insuficientes, ya que falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. En el mismo ataque, el regidor Víctor Hugo de la Cruz resultó herido, aunque su estado es considerado estable. Este hecho ha dejado una estela de temor y rabia en la población, quienes no solo lamentan la pérdida de un líder municipal, sino que sienten la impotencia ante una violencia que parece no tener fin.
La investigación del atentado ha avanzado rápidamente, con la confirmación de que uno de los agresores fue abatido en el lugar y otros dos detenidos en conexión con el crimen. El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha dado detalles sobre cómo se llevó a cabo el ataque, indicando que fue planeado con anticipación. La incautación de un arma de fuego utilizada en el ataque y su vínculo con incidentes previos entre bandas delictivas resalta la complejidad de la situación en Uruapan, donde la violencia ha tomado un cariz alarmante en las últimas décadas.
Las palabras de Carlos Manzo antes de su asesinato resuenan ahora con mayor gravedad. El alcalde, quien había llamado a la federal a fortalecer el apoyo para combatir el crimen organizado, había expresado sus temores sobre la posibilidad de un ataque en su contra. A pesar de contar con un esquema de seguridad reforzado, con presencia de la Guardia Nacional y protección federal, la realidad es que su activismo y la creciente presión de los grupos delictivos lo hicieron un objetivo. La falta de protección efectiva ha vuelto a poner en la mesa la urgente necesidad de revisar las estrategias de seguridad que se aplican en México.
Las reacciones frente a este ataque no se han hecho esperar, tanto a nivel local como nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado firmemente el asesinato y prometió incrementar las acciones contra la impunidad. Sin embargo, la población de Uruapan ha manifestado su descontento, señalando que las promesas no son suficientes. Las protestas han estallado en Michoacán, con ciudadanos demandando justicia y exigiendo un cambio en la estrategia de seguridad del gobierno. La situación ha ganado la atención internacional, con el ofrecimiento de cooperación por parte de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, lo que ha reavivado el debate sobre la involucración externa en la lucha contra la violencia en México.
