María tenía apenas 14 años cuando sus padres le recomendaron casarse con un hombre que era el doble de su edad. Esta situación es un reflejo de las prácticas culturales que han perpetuado el matrimonio infantil en Bolivia, donde a menudo se responsabilizan a las familias de estas decisiones. Un tiempo después del matrimonio, María quedó embarazada; sin embargo, el parto se complicó y su esposo la abandonó, dejándola sola con su recién nacido. Esta problemática es un caso emblemático que resalta la urgencia de abordar el matrimonio infantil en el país, una cuestión que ha afectado a miles de menores.
El Código de las Familias en Bolivia había establecido los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, permitiendo excepciones para adolescentes de 16 y 17 años con el consentimiento de sus padres. Sin embargo, esta falla legislativa permitió la legalización de más de 4.800 matrimonios en adolescentes durante la última década. La reciente aprobación de una ley por parte de la Cámara de Diputados, que elimina todas las excepciones para el matrimonio de menores, marca un cambio drástico en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes en el país, como enfatizó Jimena Tito, representante de Save the Children.
La senadora Virginia Velasco, quien ha trabajado de manera cercana con familias vulnerables, ha sido una de las voces más destacadas en la lucha contra el matrimonio infantil. Su experiencia con María y otros casos similares la llevó a proponer un proyecto de ley en el Congreso que busca poner fin a estas prácticas. A pesar de las múltiples dificultades durante la tramitación de la ley, Velasco destacó el esfuerzo conjunto de diversas organizaciones de derechos humanos, asegurando que este triunfo es un hito en la protección de los derechos de las niñas en Bolivia.
El impacto de esta nueva legislación no solo tiene el potencial de prevenir matrimonios y uniones a edades tempranas, sino que también se debe acompañar de una profunda concientización en la sociedad boliviana. La normalización de estas prácticas ha llevado a la naturalización del matrimonio infantil en muchas comunidades, donde las familias justifican estas decisiones por razones económicas o sociales. La labor de educar y cambiar esta perspectiva es crucial para erradicar el problema a largo plazo, según lo expresado por expertos en derechos de la niñez.
A medida que se avanza en la aprobación de la nueva ley, la atención también se centra en el contexto político del país. La senadora Velasco, que también ha ocupado el cargo de ministra de Justicia, subraya la importancia de que la justicia sea equitativa para todos, incluyendo a figuras políticas de alto perfil. La aprobación de la ley contra el matrimonio infantil coincide con momentos críticos para el liderazgo político en Bolivia, donde temas de derechos humanos y justicia social están en el foco de atención, a menudo detrás de una narrativa más amplia sobre la protección de los menores.
