En un giro significativo en la política de defensa de Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el país dejará de adquirir armas a Estados Unidos. Esta decisión se produce tras la reciente inclusión de Colombia en la lista de productores de droga por parte de Washington, una medida que, según Benedetti, no está relacionada con la lucha contra el narcotráfico. Este anuncio resalta un descontento creciente en Bogotá respecto a la financiación y el apoyo militar estadounidense, en un contexto de relaciones cada vez más tensas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
El anuncio se produce un día después de que el gobierno del expresidente Donald Trump criticara la falta de eficacia de Bogotá en la lucha contra las drogas, dejando entrever un deterioro en las relaciones diplomáticas con el actual presidente Gustavo Petro. Benedetti enfatizó que la decisión de cesar las compras de armamento no afectará la ayuda militar ya recibida ni la cooperación futura, dejando abierta la puerta a buscar nuevos socios en el sector de defensa. Como ejemplo, mencionó la reciente compra de una flota de aviones de combate a Suecia, sugiriendo una diversificación en los acuerdos de defensa.
Por su parte, el presidente Petro también se pronunció sobre la situación, asegurando que un ejército que dependa de compras externas no puede considerarse plenamente soberano. En su declaración subrayó la importancia de que las fuerzas armadas colombianas adquieran sus armas mediante recursos propios o a través de nuevos aliados, lo que podría implicar una redirección de la política de defensa nacional. Este comentario refleja su intención de establecer una mayor autonomía militar frente a la influencia de Estados Unidos.
Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó la administración de Petro, asegurando que su liderazgo ha sido errático y deficiente en la lucha contra los cárteles de drogas. Rubio afirmó que Colombia, bajo el nuevo liderazgo, no ha sido un aliado efectivo en la guerra contra el narcotráfico, lo que ha llevado a Washington a reconsiderar su apoyo militar y financiero. Desde 1986, Estados Unidos ha mantenido un sistema de evaluación anual sobre los esfuerzos antinarcóticos de Colombia, que ha permitido la entrada de aproximadamente 380 millones de dólares anuales en ayuda.
La pérdida de reconocimiento por parte de Estados Unidos representa un duro golpe para la fuerza pública colombiana, que desde hace décadas ha dependido de armamento estadounidense para combatir los cárteles y grupos armados insurgentes. Con más de 10,000 millones de dólares entregados entre 2000 y 2018 para fines militares, sociales y de erradicación de cultivos de droga, la transformación en la política de compras de armas indica un cambio de paradigma en la relación bilateral. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación antinarcóticos y el papel de Colombia en la lucha global contra las drogas.
