La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ha confirmado las condenas contra dos pastores religiosos implicados en casos de abuso sexual en la ciudad. Este fallo resalta un preocupante patrón de abuso de poder y manipulación en el ámbito religioso, donde líderes que deberían servir de guías espirituales, como Virgilio Sierra Avendaño y Sergio Luis Betancourt Yepes, han utilizado su autoridad para explotar a mujeres y menores vulnerables. Este tipo de delitos no solo afectan a las víctimas individuales, sino que también socavan la confianza de la comunidad en las instituciones religiosas.
Los actos delictivos se gestaron de manera distinta, pero todos los relatos coinciden en la misma dinámica de manipulación. El primero en ser condenado, Virgilio Sierra Avendaño, recibió una pena de 24 años por el abuso sexual de una menor en 2014. Se ha documentado que el pastor aprovechó los momentos posteriores a los cultos para llevar a la niña a su habitación, un acceso que, en su rol de líder religioso, le otorgaba una peligrosa ventaja. La investigación liderada por la Fiscalía General de Colombia culminó en su captura en julio de 2022, después de un intenso trabajo de recopilación de pruebas y testimonios que reflejaron la gravedad de los hechos.
El segundo caso, que involucra a Sergio Luis Betancourt Yepes, también es alarmante. Este pastor fue condenado a 16 años de prisión por abusar de una mujer en 2019 bajo el disfraz de un ritual de liberación de «espíritus malignos». Según las autoridades, Betancourt proporcionó aceites que hicieron que la víctima entrara en un estado de somnolencia, lo que facilitó su acceso a la mujer y su posterior abuso. La detención de Betancourt se llevó a cabo en mayo de 2022, y aunque su defensa ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía se mantiene firme en su búsqueda de justicia para la víctima y en la investigación de posibles otros casos de abuso vinculados a él.
Expertos en derechos humanos y criminología han señalado que estos incidentes no son aislados; más bien, ilustran un fenómeno más amplio de abuso dentro de instituciones religiosas donde se debería fomentar la protección y el respeto hacia las personas. La investigación realizada por el Caivas ha sido crucial para establecer las responsabilidades legales de ambos pastores, puesto que han sido acusados de delitos como acceso carnal en condiciones de incapacidad de resistir, así como actos sexuales con menores de 14 años. Este trabajo busca no solo condenar a los culpables, sino también crear conciencia en la comunidad sobre la protección de las víctimas.
La Fiscalía y otras instituciones judiciales continúan trabajando para desentrañar si existen más víctimas de estos abusos, lo que subraya la importancia de un enfoque exhaustivo en la solución de estos casos. La detención de estos líderes religiosos es un paso hacia la justicia, pero también representa una llamada de atención para que comunidades y autoridades se unan en la defensa de los derechos y la seguridad de las personas en contextos vulnerables. A medida que los procedimientos judiciales avanzan, la sociedad colombiana espera que se tomen medidas preventivas para evitar que estos abusos vuelvan a ocurrir en el futuro.
