En un giro significativo en el caso que involucra al expresidente Jair Bolsonaro, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ha ordenado su prisión domiciliaria tras el incumplimiento de las restricciones cautelares que se le habían impuesto por riesgo de fuga. Este fallo, dictado por el juez Alexandre de Moraes, se basa en la violación de una prohibición de uso de redes sociales, condición crucial en el marco del juicio que enfrenta por tentativa de golpismo. La medida se ha implementado después de que personas cercanas a Bolsonaro publicaran imágenes suyas en pleno desacato a la orden judicial, coincidiendo con manifestaciones en las que se apoyaba al líder ultraderechista.
El juez de Moraes también prohibió a Bolsonaro recibir visitas en su hogar, salvo las de familiares y abogados, como parte de las condiciones de su arresto domiciliario. Esta decisión refleja la gravedad del caso y la intención del sistema judicial de no permitir que un acusado se sienta por encima de la ley debido a su posición política. «La Justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta», expresó de Moraes, afirmando la firmeza del poder judicial ante la corrupción e interferencia política.
Además de la prisión domiciliaria, la resolución del juez incluyó la orden de que la Policía Federal procediera a registrar la casa de Bolsonaro y confiscar dispositivos móviles y otros aparatos que le permitirían comunicarse a través de redes sociales. Esta acción se justifica por los recientes mensajes atribuidos a Bolsonaro, quienes alentaban a sus seguidores a realizar ataques contra el Poder Judicial mientras se discutía la posibilidad de una intervención extranjera en la estructura democrática brasileña. El cumplimiento de esta orden ya fue confirmado por la Policía Federal.
Los mensajes en cuestión se hicieron eco en diversas marchas de apoyo a Bolsonaro que se llevaron a cabo el pasado domingo. En estas manifestaciones, miles de sus seguidores pedían una amnistía para quienes han sido acusados de golpismo, al mismo tiempo que expresaban su respaldo a las medidas del expresidente contra las decisiones del actual gobierno. La defensa de Bolsonaro ha argumentado que sus mensajes no constituyen un incumplimiento de las restricciones y que no se realizó ninguna incitación criminal, destacando que simplemente se limitó a dirigirse a sus seguidores con un saludo general.
La controversia legal se inscribe en un contexto más amplio, donde Bolsonaro es señalado por haber orquestado esfuerzos para deslegitimar las elecciones que llevaron a Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia. La Fiscalía ha señalado que el expresidente no solo discutía medidas para anular el resultado electoral, sino que también fue cómplice del asalto a las instituciones gubernamentales, incluyendo el Congreso y la Corte Suprema, el 8 de enero de 2023. La defensa, alarmada por la reciente decisión, ha anunciado su intención de apelar la sentencia, argumentando que la Corte no justificó adecuadamente la prisión domiciliaria.
