El reciente conjunto de reformas a la Constitución de El Salvador, ratificado por el Congreso este jueves, ha encendido una ola de controversia en el país. Los cambios más significativos incluyen la posibilidad de reelección presidencial indefinida y la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años. Esta modificación podría permitir al presidente actual, Nayib Bukele, presentarse ante la población para unas elecciones sin límites, un aspecto que genera preocupación entre los sectores opositores, quienes ven una clara amenaza a la democracia en el país centroamericano.
La aprobación de estas reformas ha sido criticada intensamente, tanto por políticos de la oposición como por organizaciones de derechos humanos. La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, no dudó en expresar su rechazo al señalar que «hoy ha muerto la democracia en El Salvador». Villatoro denunció que la reforma fue aprobada sin el debido proceso y calificó la acción como un «abuso de poder», argumentando que el gobierno actual se ha dedicado a concentrar poder en el ejecutivo, debilitando así las instituciones democráticas.
Por su parte, la política opositoria Claudia Ortiz, del partido Vamos, también condenó lo que considera un «abuso de poder». En un contexto donde se compara la situación de El Salvador con la de Venezuela bajo regímenes autoritarios, Juanita Goebertus de Human Rights Watch advirtió que la reelección indefinida es un camino peligroso que puede llevar a un eventual dictador. La reforma ha suscitado un debate acalorado sobre los límites del poder ejecutivo y la necesidad de salvaguardar los principios democráticos, en especial en un país con una historia de dictaduras y conflictos internos.
A pesar de las críticas, algunos defensores de las reformas sostienen que en realidad estas devuelven el poder al pueblo. La diputada Suecy Callejas, vicepresidenta del Congreso, argumentó que «el poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño». Esta visión ha encontrado eco en sectores que han apoyado las políticas de Bukele, especialmente su mano dura contra la delincuencia, que ha sido uno de los pilares de su popularidad entre la ciudadanía.
Sin embargo, la controversia en torno a Nayib Bukele no se limita a su reforma constitucional. A pesar de haber sido reelegido con un impresionate 82,8% de los votos en febrero de 2024, los críticos apuntan que su gobierno ha severamente limitado los espacios democráticos y ha respondido a las críticas con una creciente represión. Organizaciones que velan por los derechos humanos han denunciado que miles de ciudadanos han sido arrestados arbitrariamente, en un esfuerzo por combatir las pandillas en el país, lo que ha provocado un aumento en la violencia estatal. Con la firma de estas reformas, El Salvador podría estar ante un cambio radical en su panorama político.
