La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una serie de reformas constitucionales que han generado un amplio debate en el país. Esta reforma permite la reelección indefinida del presidente, Nayib Bukele, así como la extensión del mandato presidencial a seis años, en lugar de los cinco actuales. Estos cambios fueron impulsados por el partido Nuevas Ideas, que lidera el mandatario, y sus aliados, logrando el respaldo de 57 de los 60 diputados en el Parlamento. La diputada oficialista, Ana Figueroa, destacó que estas modificaciones buscan empoderar al pueblo salvadoreño, recordando que la reelección ha sido una práctica común sin restricciones para otros cargos de elección popular en el país, como alcaldes y diputados.
Sin embargo, este paquete de reformas no ha estado exento de controversia. Los partidos de oposición, especialmente la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos, han expresado su rechazo a la medida. La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, criticó duramente la forma en que se aprobaron las reformas, asegurando que «hoy ha muerto la democracia en El Salvador». Sus afirmaciones subrayan la percepción de que estas medidas fueron tomadas apresuradamente y sin el debido proceso de consulta al pueblo, lo que podría afectar la calidad democrática del país.
Entre las reformas más controvertidas, se incluye la eliminación de la obligatoriedad de una segunda vuelta electoral en caso de que ningún partido obtenga la mayoría absoluta. Este cambio es visto por muchos como un debilitamiento del sistema democrático, ya que reduce las oportunidades para que los votantes puedan expresar su descontento o buscar alternativas políticas. La crítica se intensifica en un contexto donde el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, también está bajo escrutinio, y la oposición considera que estas reformas son un paso más hacia el autoritarismo.
En respuesta a las críticas, el presidente Bukele se ha mantenido firme en su posición. A principios de junio, el mandatario declaró que no le importaba ser catalogado como un dictador, argumentando que términos como “democracia” y “derechos humanos” son usados para mantener a los gobiernos bajo control. Esta postura ha generado preocupación entre los sectores que defienden el estado de derecho y las libertades civiles en El Salvador. La propuesta de reelección indefinida podría permitir que Bukele busque un nuevo mandato en 2027, al coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales, lo que ha generado un debate sobre la legitimidad de tales decisiones.
Finalmente, la reforma deberá ser ratificada por la Asamblea Legislativa, que también debe considerar la prórroga del régimen de excepción. El futuro político de Bukele y el impacto de estas reformas en la democracia salvadoreña están en juego, marcando un momento crucial en la historia reciente del país. Este escenario de incertidumbre y cambio, sin duda, tendrá repercusiones en la esfera política y social de El Salvador, donde las voces críticas continúan alzándose contra lo que perciben como un grave retroceso en materia de derechos y democracias.
