El 2 de julio de 2026 se cumplirán 180 días desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela, tras la inesperada captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses. Este plazo, estipulado por la Constitución venezolana, es un claro recordatorio de que la suplencia temporal no debe extenderse indefinidamente, ya que su propósito es evitar un vacío de poder, no perpetuar a una funcionaria no elegida por el voto popular en la jefatura del Estado. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales advirtió en su comunicado del 14 de abril que continuar en esta situación desvirtúa el principio democrático y la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo, que debe emanar del sufragio del pueblo.
A medida que se acerca el vencimiento de su interinato, la figura de Delcy Rodríguez se encuentra bajo un fuerte escrutinio público. La creciente falta de legitimidad debido a su ascenso al poder ha exacerbado la crisis política en el país, al manifestarse un descontento generalizado hacia su gestión. La gente expresa su desconfianza en su capacidad para conducir el proceso de transición democrática, ya que Rodríguez no solo es vista como parte del sistema que ha conducido a la crisis actual, sino también como alguien que ha fallado en ofrecer soluciones efectivas. Una encuesta de Meganálisis indica que el 87,24% de los venezolanos cree que la única salida a la crisis es mediante elecciones presidenciales en 2026.
El cuestionamiento a la constitucionalidad del interinato de Rodríguez se hace evidente al señalar que su permanencia indefinida en el cargo podría estar violando los límites establecidos por la Carta Magna. Esta violación es enfatizada por el constitucionalista José Ignacio Hernández, quien sostiene que la falta de respuesta ante la cadena de abusos de poder por parte de Maduro ha desencadenado un escenario de usurpación de funciones. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, bajo control del oficialismo, han evadido declarar la falta absoluta del presidente Maduro, lo que agrava aún más la crisis institucional y amenaza con perpetuar el estado de indefinición que la población tanto repudia.
Adicionalmente, la gestión de Delcy Rodríguez ha sido marcada por la incapacidad de abordar las crisis sociales y económicas que enfrenta el país. A cinco meses de su interinato, los indicadores de inflación y pobreza reflejan una realidad alarmante que no ha visto mejoría bajo su mando. Debido a la inflación descontrolada y la disminución del ingreso real, muchos ciudadanos se sienten abandonados. Según datos del Banco Central de Venezuela, la inflación interanual ha superado el 524%, mientras que el ingreso mínimo no se aproxima a cubrir ni la mitad del costo de una canasta alimentaria básica, lo que refleja una profundización de la emergencia humanitaria en el país.
La falta de confianza en Delcy Rodríguez también es evidente en la opinión pública, que rechaza su liderazgo en la transición hacia la democracia. Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos han advertido sobre el peligro de un cambio hacia una «adaptación autoritaria» en Venezuela. La encuesta de Meganálisis también refleja esta desconfianza, revelando que un 93,8% de la población no considera a Rodríguez como una guía válida para el país. Con un horizonte electoral incierto y un estancamiento en las reformas necesarias para el restablecimiento de la democracia, el camino hacia una legitimidad política en Venezuela parece, hasta ahora, estar extremadamente comprometido.
