El Congreso de El Salvador aprobó el jueves una controvertida reforma constitucional que allana el camino para la reelección presidencial indefinida y extiende el mandato presidencial de cinco a seis años. Con el respaldo de 57 de los 60 legisladores, el bloque oficialista mostró su amplia mayoría en una decisión que ha suscitado creciente preocupación en torno a la salud democrática del país. La diputada oficialista Ana Figueroa defendió la reforma, afirmando que su objetivo es «darle el poder total al pueblo salvadoreño» y alinear las reglas del juego entre el presidente y otros cargos de elección popular. La modificación también elimina la segunda vuelta en las elecciones, lo que podría cambiar significativamente la dinámica electoral en el país.
La diputada Marcela Villatoro, líder de la oposición, rechazó la reforma con vehemencia, levantando un cartel que afirmaba: «este día murió la democracia». Villatoro criticó el proceso, argumentando que la nueva ley fue aprobada «sin consulta, de forma burda y cínica». La falta de diálogo y la velocidad con que se promovió la reforma han levantado alarmas entre defensores de los derechos humanos y analistas políticos, que advierten sobre la consolidación del poder en un solo hombre y el riesgo de un régimen autoritario.
El actual presidente Nayib Bukele, quien fue reelegido en febrero de 2024 con un contundente 82.8% de los votos, ya había sido objeto de controversia por su deseo de perpetuarse en el poder. A pesar de que la Constitución salvadoreña originalmente prohibía la reelección, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, en su mayoría alineada con el presidente, determinó que Bukele podía aspirar a un nuevo mandato. Este precedente legal ha generado preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial y su efectividad en la protección de los derechos democráticos en El Salvador.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado un aumento en la represión contra las voces opositoras al gobierno, resaltando la detención de activistas y abogados como un claro signo de la deterioración de la libertad de expresión en el país. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, comparó la situación de El Salvador con la de Venezuela, indicativa de un posible deslizamiento hacia un régimen dictatorial liderado por un líder que utiliza su popularidad para concentrar el poder.
Finalmente, la reforma constitucional aún debe ser aprobada en una legislatura posterior para entrar en vigor. Con la actual mayoría absolutista del gobierno, se anticipa que este proceso no enfrentará obstáculos. Sin embargo, la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos continúan advirtiendo sobre el impacto negativo que esta reforma podría tener en la democracia salvadoreña y en el futuro del país, donde el clima de temor y control sobre la oposición se intensifica.
