El trágico hallazgo del cuerpo de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, ha conmovido profundamente a Colombia y ha reabierto las heridas de la violencia transfóbica en el país. Sara fue encontrada en un riachuelo de la quebrada La García, en el municipio de Bello, Antioquia, donde fue brutalmente golpeada y arrojada. Las autoridades han indicado que los hechos ocurrieron el pasado 4 de abril, y aunque fue rescatada con vida tras casi dos horas de agonía, falleció en un hospital horas después. Esta horrible pérdida ha puesto en evidencia la continua violencia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, donde el odio y la transfobia siguen cobrando vidas de manera alarmante.
La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, calificó el crimen de «atroz y cargado de odio» y expresó su indignación por la brutalidad del ataque. Sara, recordada por ser una persona querida en su comunidad, no había recibido amenazas previas, según las autoridades locales, lo que sugiere un ataque premeditado. Las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación, que, junto al Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género, está tratando de esclarecer los motivados del asesinato y encontrar a los responsables.
El presidente Gustavo Petro también se ha pronunciado sobre el asesinato de Sara, señalando la necesidad de enfrentar los discursos de odio y los comportamientos de grupos que promueven la violencia. Petro ha calificado este y otros crímenes de transfobia como producto de un fascismo insidioso que busca eliminar las diferencias humanas, advirtiendo que la violencia contra personas por su identidad de género no puede ser ignorada. Esta postura ha resonado en muchas voces dentro de la sociedad colombiana, generando un clamor urgente por justicia y visibilidad para las problemáticas que enfrentan las personas trans.
El funeral de Sara Millerey fue un espacio de duelo y solidaridad, donde amigos, familiares y organizaciones de derechos humanos se reunieron para rendir homenaje a su vida. Su madre, Sara González, compartió su dolor y la descrita naturaleza amorosa de su hija, rechazando la violencia que le costó la vida. Este tipo de crímenes no solo afecta a las víctimas, sino que también deja una profunda huella en las familias y comunidades que luchan por entender y enfrentar tales tragedias. La respuesta de la sociedad ha sido unánime, con manifestaciones y pronunciamientos que exigen un cambio en la manera en que se trata a las personas trans en Colombia.
Finalmente, organizaciones de derechos humanos han destacado que el caso de Sara es solo la punta del iceberg en una tendencia más amplia y desoladora de violencia sistemática contra la comunidad LGBTIQ+. En 2023, al menos 25 personas de esta comunidad han sido asesinadas, con un enfoque alarmante en las personas trans. Sin embargo, muchos de los derechos que se han ganado en el papel no se traducen en protección efectiva en la vida real. Las voces de activistas como Danne Belmont resuenan al señalar que aunque Colombia tiene una imagen de avance en derechos LGBTIQ+, todavía se enfrenta a un contexto donde los discursos de odio proliferan, poniendo en peligro la existencia y el bienestar de personas como Sara.
