El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció esta semana el levantamiento del estado de sitio que fue decretado hace un mes, destacando un notable descenso en las cifras de homicidios, que alcanzan su nivel más bajo en los últimos 25 años. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que aunque los números pueden parecer optimistas, la criminalidad en Guatemala sigue en aumento y la situación general es preocupante. Un reciente informe de InSight Crime indica que a pesar de los arrestos masivos y el aumento del despliegue militar en las calles, las pandillas, como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13), mantienen intacta su estructura organizativa y persisten en su estrategia de violencia y extorsión, sugiriendo que las soluciones superficiales no abordan el núcleo del problema de criminalidad en el país.
La estrategia de «mano dura» parece no haber cambiado con la llegada de Arévalo a la presidencia. Si bien inicialmente él promovió un enfoque más reformador y menos represivo, la violencia desatada por las maras ha obligado a su gobierno a recurrir a medidas más drásticas. Desde su asunción en enero de 2024, Arévalo ha enfrentado desafíos dramáticos, incluyendo motines en las cárceles y ataques violentos que han resultado en la muerte de agentes de policía. La invocación del estado de sitio permitió realizar miles de arrestos y, de acuerdo a declaraciones oficiales, se logró reducir las extorsiones en un tercio. Sin embargo, detrás de estos logros se esconden cuestionamientos sobre la eficacia real de estas medidas en un contexto donde las organizaciones criminales rápidamente adaptan sus tácticas para eludir la represión estatal.
Analistas se han mostrado escépticos respecto a los resultados de los arrestos masivos, advirtiendo que este tipo de acciones a menudo puede fortalecer la cohesión interna de las pandillas y generar dinámicas de violencia aún más intensas. La militarización de la seguridad pública y la declaración de las pandillas como «organizaciones terroristas» ejemplifican un cambio hacia políticas punitivas que el gobierno de Arévalo había prometido evitar. Las condiciones en el sistema penitenciario siguen siendo críticas, con corrupción que permite a los cabecillas de las pandillas continuar operando desde dentro de las cárceles, como se demostró con la reciente fuga de 20 pandilleros de «El Infiernito», que evidenció las profundas deficiencias de un sistema que sigue siendo ineficaz a pesar de las operaciones militares.
A pesar de las cifras que celebran un descenso de los homicidios, la realidad criminal en Guatemala es más compleja y sombría. Durante el periodo de 2025 se registraron 3,139 homicidios, marcando un aumento del 10% respecto al año anterior. Este aumento pone de manifiesto que las pandillas han aprendido a adaptarse durante los estados de excepción, volviendo a intensificar sus actividades delictivas una vez que se levantan las restricciones. Además, la falta de apoyo institucional y el conflicto interno en el sector justicia han impedido que las reformas propuestas en el sistema carcelario avancen de manera significativa, dejando un vacío que las pandillas aprovechan para recuperar terreno.
El fin del estado de sitio se acompaña de un nuevo estado de prevención que permitirá la continuidad de operaciones de seguridad, aunque se limitará la autoridad del ejército para llevar a cabo arrestos. Esta situación ha dejado a muchos guatemaltecos con sentimientos encontrados; aunque hay una percepción de mayor seguridad en las calles, la persistente amenaza de las maras y el miedo a la violencia subsisten en el día a día. A largo plazo, los esfuerzos del gobierno por lograr una reducción de la criminalidad y la promoción de una reforma efectiva se cuestionan, ya que la extorsión y el control territorial de las pandillas son problemas que todavía no encuentran soluciones a la vista.
