El análisis presentado por Prosegur Research revela la creciente sofisticación y alcance transnacional de las redes criminales en América Latina, un fenómeno que genera un fuerte impacto en el tejido social, económico e institucional de la región. Según el informe, Chile, conocido históricamente por su seguridad, se encuentra en una situación crítica, ya que los indicadores de criminalidad muestran un deterioro continuo. Esta tendencia alarmante se da en un contexto donde América Latina se consolida como la región más violenta del mundo, concentrando el 33% de los homicidios globales a pesar de representar menos del 10% de la población mundial. Esta realidad plantea serias preguntas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad pública existentes y la capacidad del Estado para responder a dichos desafíos.
El Anuario de Seguridad de América Latina 2025 documenta cómo el crimen organizado ha evolucionado en términos de escala y operatividad, expandiendo sus actividades ilícitas a través de fronteras y diversificando su accionar. La entrada de bandas extranjeras y el crecimiento del narcotráfico han transformado el panorama delictual en Chile, convirti los puertos en centros logísticos para el tráfico de drogas hacia Europa. Este fenómeno no solo está asociado a un aumento de delitos violentos, sino también a delitos de secuestro extorsivo y contrabando, lo que pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado. A medida que estas redes criminales continúan su avance, se hace evidente la necesidad de respuestas rápidas y efectivas que mitiguen el impacto de su accionar en la sociedad.
A nivel regional, el informe destaca un escenario complejo caracterizado por el aumento de la violencia impulsada por las economías ilícitas y la debilidad institucional. Los expertos que colaboraron en el análisis coinciden en que las estrategias para combatir el crimen deben ser integrales, combinando la represión con políticas de prevención y desarrollo social. Es imperativo fortalecer instituciones y ajustar las estrategias en función del tipo de grupo criminal, al mismo tiempo que se mejora la cadena de seguridad pública, que abarca desde la policía hasta el sistema penitenciario. Así mismo, se exhorta a fomentar una mayor cooperación internacional para enfrentar la realidad de las redes criminales que operan más allá de fronteras, lo que complicaría aún más la situación.
El crecimiento de la criminalidad tiene un impacto significativo en la economía regional, y Chile no es la excepción. Las empresas se enfrentan diariamente a riesgos elevados de robos, fraudes y extorsiones, lo que resulta en un aumento del 23% en delitos contra locales comerciales entre 2023 y 2024. En este contexto, la seguridad privada se ha convertido en un apoyo esencial, complementando la labor de las fuerzas policiales y llenando vacíos donde la respuesta estatal muestra insuficiencia. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el número de agentes de seguridad privada supera ampliamente al de policías en países de la región, lo que destaca la necesidad de establecer regulaciones claras y mecanismos de fiscalización eficaces.
Finalmente, Prosegur Research advierte que el verdadero reto para América Latina no radica únicamente en contener el avance del crimen organizado, sino en construir sistemas de seguridad más integrales, legítimos y resilientes. Estos sistemas son cruciales para restaurar la confianza ciudadana y fortalecer la gobernabilidad democrática. El Anuario de Seguridad de América Latina 2025 subraya la importancia de una colaboración efectiva entre la seguridad pública y privada, así como de políticas diferenciadas que se adapten a la complejidad del fenómeno delictual. En un momento donde la seguridad ha alcanzado niveles críticos, se hace urgente adoptar un enfoque que priorice la protección de las comunidades y sus derechos.
