Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), ha hecho fuertes acusaciones a la Fiscalía General de la Nación mediante una carta que ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político y judicial. López, reconocido como un testigo clave en los escándalos de corrupción que han sacudido a la UNGRD, expresó su profunda decepción por la falta de respaldo recibido por parte de la Fiscalía, ya que siente que ha sido dejado solo en un momento crítico de su proceso. La carta, emitida tras su condena de más de seis años de prisión y ante la negativa de apelación por parte de la Fiscalía a su preacuerdo, plantea serias dudas sobre el futuro de sus declaraciones y su rol como delator en un caso que involucra a miembros del gobierno de Gustavo Petro.
En su misiva, López no solo expone su insatisfacción con la reacción de la Fiscalía, sino que también denuncia la falta de protección que enfrenta tras haber colaborado con la justicia. Advirtió que mientras él camina bajo constante amenaza, otros delatores, que llegaron después que él, han recibido beneficios que se les han negado a él. Esto incluye principios de oportunidad y preacuerdos, lo que ha generado una gran preocupación sobre la equidad en el trato que reciben los colaboradores de la justicia. López señala que este desenlace trae consigo un mensaje negativo sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción.
Entre los casos que López mencionó, destaca la compra irregular de carrotanques en La Guajira, donde, según él, su testimonio ha sido crucial para que cerca de 20 funcionarios y varias figuras políticas estén actualmente bajo investigación. Sin embargo, su carta sugiere una fragilidad en su posición, con la improbable delación del preacuerdo y su condena funcionando como un arma de doble filo. «La ausencia de apelación fue un silencio que grita y que deja al colaborador sin escudo ante quienes fueron señalados por su voz», sostiene, reflejando su descontento con el trato recibido.
López también hace referencia a casos concretos de otros exfuncionarios de la UNGRD, como Luis Carlos Barreto y el abogado Edgar Viveros, quienes supuestamente intentaron silenciarlo con sumas millonarias, pero quienes hoy disfrutan de un trato preferencial por parte de las autoridades. Esto genera escepticismo sobre la justicia y la protección a aquellos que deciden contar la verdad en medio de situaciones tan complejas y peligrosas. Él subraya que quien se atreve a dar información sobre los responsables de corrupción se encuentra desprotegido ante un sistema que parece premiar a quienes intentan ocultar la verdad.
Finalmente, Olmedo López concluye su carta advirtiendo que sin su revelación, muchos de los casos actuales de corrupción que han llevado a la cárcel a importantes políticos estarían condenados a morir en el olvido. «Silenciar al testigo clave mediante la improbación del acuerdo es condenar al olvido institucional la verdad que incomoda», expresa. Su carta deja en evidencia la angustiante realidad de enfrentarse a un sistema judicial que, en lugar de proteger a delatores, podría estar operando en favor de aquellos que intentan encubrir sus actos de corrupción, lo que plantea un serio interrogante sobre la integridad del proceso judicial en el país.
