Un juez peruano ha dictado la excarcelación del expresidente Ollanta Humala, quien estaba bajo prisión desde abril de 2025 tras ser condenado a quince años de cárcel por lavado de dinero relacionado con la financiación irregular de sus campañas presidenciales. La decisión se produce después de que el Tribunal Constitucional de Perú anulara el proceso que llevó a esta condena, señalando que la acusación de lavado de activos carecía de fundamento, lo que ha generado un impacto significativo en el panorama político del país.
El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, atendiendo la solicitud de los abogados de Humala, ordenó que su liberación se tramitaran de forma inmediata a la Oficina de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Esto marca un nuevo capítulo en la complicada trayectoria judicial del exmandatario, que ya había enfrentado un periodo de prisión preventiva entre 2017 y 2018 por el mismo caso, que también fue posteriormente revocado por el Tribunal Constitucional.
El juez enfatizó que, tras la resolución del Tribunal Constitucional, se deben levantar cualquier orden de captura existente y notificar a las entidades pertinentes sobre la excarcelación de Humala. La defensa del expresidente había argumentado que las acusaciones de ocultación de donaciones para sus campañas electorales no estaban tipificadas como delito en ese momento, lo que fue determinante para que el tribunal decidiera en su favor.
Es importante destacar que la anulación del proceso no solo afecta a Humala, sino también a su esposa, Nadine Heredia, quien ha estado asilada en Brasil y también fue condenada en relación con el mismo caso. Este fallo podría tener repercusiones en varios otros asuntos judiciales que rodean la figura del exmandatario, quien enfrenta hasta cinco procesos adicionales por diferentes imputaciones.
En medio de este contexto, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, quien ha sido favorecida en un caso similar por el Tribunal Constitucional, expresó que el país vive en un estado de derecho que debe ser respetado. Esta situación resalta la complejidad del sistema judicial peruano y su influencia en la política, ejemplificando cómo las decisiones judiciales pueden cambiar drásticamente la trayectoria de figuras clave en la política nacional.
