El gobierno de Donald Trump ha añadido a Colombia a su lista de países que no cooperan en la lucha contra las drogas, un serio reproche que se produce tras casi tres décadas de una asociación robusta entre ambas naciones. Este movimiento por parte de Estados Unidos se enmarca en un contexto donde se observa un notable aumento en la producción de cocaína y un deterioro en las relaciones políticas entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, de ideología izquierdista. Según la Casa Blanca, Colombia ha incumplido con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, uniéndose a otros países como Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela en la lista de descertificación, lo que podría tener graves repercusiones en la economía colombiana y en los esfuerzos por mejorar la seguridad en el país.
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro ha expresado su preocupación y descontento por esta decisión, señalando que Colombia ha pagado un alto costo en la lucha contra las drogas, que ha llevado a la muerte de numerosos policías, soldados y civiles. Durante una reunión de gabinete, Petro criticó la postura de Estados Unidos, sugiriendo que la penalización actual no tiene en cuenta los sacrificios realizados por los colombianos para combatir el narcotráfico. Además, enfatizó que los esfuerzos en este ámbito parecen estar más dirigidos a proteger a la sociedad norteamericana de la cocaína que a realmente ayudar a Colombia a superar este complejo problema.
La última vez que Estados Unidos incluyó a Colombia en su lista de no aliados fue en 1997, en medio de acusaciones graves contra el entonces presidente Ernesto Samper, quien se vio obligado a renunciar tras ser vinculado a financiamientos ilícitos por parte de narcotraficantes. La salida de Samper facilitó un acercamiento entre ambos países, lo que resultó en el envío de millones de dólares en ayuda estadounidense para combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones de seguridad en Colombia. Sin embargo, la reciente descertificación sugiere un retroceso en estos logros y una desánimo en las relaciones bilaterales, afectando la cooperación en múltiples áreas.
El debilitamiento de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos comenzó hace aproximadamente una década, marcado por decisiones judiciales que cuestionaron la estrategia de erradicación de cultivos de coca mediante el uso del herbicida glifosato. A ello se sumó el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, que llevó a Colombia a adoptar una política más orientada hacia el desarrollo rural y la sustitución voluntaria de cultivos, abandonando prácticas punitivas en favor de estrategias que promuevan la estabilidad y el desarrollo social. Esta transición ha complicado los esfuerzos por mantener un enfoque unilateral centrado exclusivamente en la erradicación del narcotráfico.
Los recientes acontecimientos destacan la fragilidad de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en el contexto de la lucha contra las drogas, y reavivan debates sobre la eficacia de la descertificación como herramienta política. Expertos como Adam Isacson advierten que esta estrategia no solo resulta inepta, sino que también puede obstaculizar otros aspectos de la cooperación bilateral. Los desafíos que enfrenta Colombia, desde la producción de cocaína hasta las políticas de seguridad, requieren un enfoque más colaborativo que no esté exclusivamente ligado a la política de descertificación, promoviendo así un entendimiento más profundo entre las dos naciones que aborde los problemas de fondo de manera efectiva.
