El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el domingo la trágica muerte del policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, quien había sido detenido desde diciembre de 2025. Según Saab, el fallecimiento se produjo tras un «evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco» mientras el oficial recibía atención médica en el Hospital Dr. Domingo Luciani, en Caracas. Saab aseguró que Torres Fernández fue trasladado inmediatamente al hospital tras sufrir una «descompensación súbita de salud», afirmando que ingresó con signos vitales y fue atendido oportunamente por personal médico, aunque finalmente no sobrevivió a la emergencia médica.
Torres Fernández se encontraba bajo custodia desde el 11 de diciembre de 2025, a la orden del Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas. Según las autoridades, su detención estuvo relacionada con supuestas actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han denunciado que el policía fue apresado por compartir mensajes críticos hacia el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha levantado dudas sobre la legitimidad de su encarcelamiento y la posición del gobierno frente a la libertad de expresión.
De manera extraoficial, se le habían imputado delitos graves como traición a la patria y asociación para delinquir, aunque estos cargos han sido cuestionados por diversos sectores sociales. La muerte de Torres Fernández a manos del Estado ha suscitado una ola de indignación y llamados a la justicia, en un contexto donde muchos venezolanos creen que las detenciones de opositores son una práctica común para silenciar la disidencia en el país.
El partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, expresó su solidaridad con los familiares de Torres Fernández y enfatizó que su muerte «no quedará impune». Este pronunciamiento se inserta en un ambiente de tensión política, donde la oposición ha reclamado justicia y ha criticado la falta de respuesta efectiva del gobierno en relación a la situación de los presos políticos en el país. Las reacciones apuntan a que la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión sigue siendo un tema candente en la agenda pública venezolana.
La noticia del fallecimiento del oficial se produce en un momento en que muchos familiares de presos políticos esperan ansiosos la excarcelación de sus seres queridos, tras el reciente anuncio de un número significativo de liberaciones por parte del gobierno. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, ha reportado que hasta el momento solo se han registrado 17 excarcelaciones, lo que aumenta la desconfianza y la desesperanza entre quienes claman por una verdadera apertura política y el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela.
