Un violento motín en la cárcel de Esmeraldas, al norte de Ecuador, ha dejado un saldo trágico de 17 reos muertos, según confirmaciones de las autoridades locales. Este incidente representa la segunda masacre carcelaria en menos de una semana, intensificando la preocupación por la seguridad en las prisiones del país. A pesar de la presencia de fuerzas militares en estas instalaciones, la situación parece fuera de control, con bandas criminales ejerciendo un poder casi absoluto dentro de las cárceles. La Policía Nacional ha indicado que el ataque fue orquestado por la banda conocida como «Los Tiguerones», que busca eliminar a miembros de grupos rivales como Los Lobos y Los Choneros.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Policía Nacional, la masacre comenzó a raíz de una emboscada en uno de los pabellones, lo que permitió que algunos reclusos accedieran a áreas controladas por otras bandas. Este acceso fue facilitado por la sustracción de las llaves de las celdas, lo que generó escenarios de caos y violencia, resultando en una peligrosa confrontación entre grupos criminales. Las últimas imágenes que han surgido en medios locales muestran una fila de cadáveres dentro del penal, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado la identidad de los fallecidos.
Este motín se produce apenas tres días después de otro violento episodio en la cárcel de Machala, donde también se reportaron numerosas muertes y heridos. La similitud en la ejecución de ambos motines ha llevado a las autoridades a cuestionar la eficacia de los protocolos de seguridad implementados en las cárceles del país. El comandante de la Policía en la Zona 7, Williams Fabián Calle, se mostró preocupado por cómo los reclusos lograron trasladarse entre pabellones a pesar de los múltiples sistemas de seguridad establecidos, poniendo en evidencia la infiltración y el control ejercido por las bandas criminales.
La crisis de violencia carcelaria en Ecuador, que ha alcanzado niveles alarmantes desde 2021, es el resultado de la lucha por el control del narcotráfico entre diferentes organizaciones criminales. Desde entonces, más de 500 muertes han sido reportadas en enfrentamientos dentro del sistema penitenciario. Ante esta escalofriante cifra, el gobierno declaró un estado de excepción en enero de 2024, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la escalada de violencia en las cárceles persiste, y las estadísticas de homicidios a nivel nacional siguen siendo preocupantes, con un total de 5,278 homicidios registrados hasta septiembre de 2025.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de la masacre, y ha señalado que la cifra de víctimas podría ajustarse a medida que avancen los trabajos de identificación. Hasta ahora, la respuesta del gobierno, especialmente de la Presidencia de la República, ha sido escasa, lo que se ha convertido en un punto de crítica en medio de la creciente crisis de seguridad que azota al país. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano se enfrenta a una realidad cada vez más peligrosa, marcada por la violencia en las calles y en los centros penitenciarios.
