El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para despojar de su nacionalidad al líder opositor Leopoldo López, quien ha sido acusado de promover una «invasión militar» y de colaborar con gobiernos extranjeros en supuestos planes desestabilizadores contra Venezuela. Esta medida, si se lleva a cabo, estaría en conflicto con lo estipulado en la Constitución venezolana, que protege el derecho a la nacionalidad de aquellos nacidos en el país, convirtiendo esta acción en un paso sin precedentes en la historia jurídica del país.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció esta decisión y justificó la acusación contra López señalando que su postura consiste en una «promoción permanente del bloqueo económico» y un llamado al «asesinato masivo de venezolanos» en complicidad con potencias extranjeras. Sin embargo, Rodríguez no hizo referencia al artículo 35 de la Constitución que prohíbe la sustracción de la nacionalidad para quienes son venezolanos de nacimiento, lo que pone en entredicho la viabilidad legal de esta acción.
En respuesta a la ofensiva del Gobierno, Leopoldo López, desde su exilio en España, destacó que sería el primer ciudadano venezolano en ser despojado de su nacionalidad de esta forma. López declaró que esta iniciativa de Maduro busca silenciar a quienes, como él, claman por libertad y democracia en Venezuela. Además, criticó las negociaciones políticas con el chavismo, afirmando que ya no son efectivas en la lucha por un cambio significativo y que la presión internacional debería concentrarse en acciones directas dentro del país.
La noticia ha generado un fuerte rechazo tanto político como social. El partido Voluntad Popular, fundado por López, califica esta acción como una violación de los derechos humanos y la define como una nueva forma de represión del régimen. El diputado Stalin González enfatizó que limitar la ciudadanía a través de medidas arbitrarias establece un precedente peligroso que podría afectar a todos los venezolanos, ya que la nacionalidad es un derecho fundamental, no un privilegio otorgable o removible.
Por su parte, la organización Laboratorio de Paz ha manifestado su preocupación por lo que consideran un intento de persecución política que podría vulnerar la identidad y derechos de los disidentes. Desde el año 2024, se han reportado anulación de pasaportes a al menos 49 personas, lo que indica un clima de intimidación. María Corina Machado, líder opositora y Nobel de la Paz 2025, también expresó su apoyo a López y denunció la creciente represión del régimen, afirmando que la libertad de Venezuela sigue siendo la meta principal en este contexto de tensión creciente con Estados Unidos.
