Un conmocionante giro en el panorama político ecuatoriano ha tenido lugar recientemente, ya que un juez ha determinado que el expresidente Lenín Moreno enfrentará juicio por presunto cohecho en el caso de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Esta decisión, emitida el lunes 8 de diciembre por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, indica que existen elementos serios que podrían probar la implicación de Moreno en prácticas corruptas durante su mandato. El juez ha calificado a Moreno como «autor directo» del delito de cohecho, un término que resuena con fuerza en el contexto de un país que ha luchado contra la corrupción en sus instituciones gubernamentales. Antes de la audiencia, se dictó una medida cautelar que requiere a Moreno presentarse dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Paraguay, donde reside actualmente, lo que podría complicar aún más el proceso judicial debido a su estatus en el extranjero.
El caso ‘Sinohydro’ ha desarrollado una narrativa compleja vinculada a la corrupción en la ejecución del proyecto hidroeléctrico más grande de Ecuador. La investigación, que comenzó en marzo de 2023, involucra a Moreno y a varios miembros de su entorno familiar en un presunto esquema de sobornos que favoreció a la empresa estatal china Sinohydro a cambio de la adjudicación del proyecto. La Fiscalía alega que Moreno y su familia habrían recibido más de un millón de dólares en pagos ilegales durante su periodo como vicepresidente del país. Este escándalo sigue a una historia de problemas técnicos y estructurales en la planta Coca Codo Sinclair, que se ha convertido en un ejemplo de ineficiencia y mala gestión en las obras públicas del país, desde su inauguración en 2016.
Las revelaciones iniciales sobre los supuestos sobornos salieron a la luz gracias a investigaciones periodísticas que documentaron conexiones familiares y financieras, sugiriendo que algunos de los cercanos a Moreno podrían haber sido beneficiados en el proceso. Entre los implicados se encuentran los hermanos de Moreno y otros familiares, que supuestamente recibieron importantes sumas de dinero como parte de esta red de corrupción. Se habla de montos que ascienden a 660.000 dólares, distribuidos entre su esposa, sus hermanos, e incluso sus cuñadas y suegra, lo que ha ampliado el tejido de la investigación. El Ministerio Público estima que la totalidad de los sobornos asociados a este proyecto podría superar los 76 millones de dólares, lo que habla del alcance del posible delito.
Frente a estas acusaciones, Lenín Moreno ha mantenido una postura de defensa firme, reiterando que no existen pruebas que demuestren su culpabilidad. En un video reciente, el expresidente negó haber recibido dinero ilegal y se preguntó por qué otros actores como Rafael Correa y Jorge Glas, quienes también jugaron papeles cruciales en la gestión del proyecto, no están siendo procesados. Moreno ha señalado que durante su mandato se detectaron serios problemas estructurales en la central hidroeléctrica, lo que lo llevó a rechazarla y a solicitar un arbitraje. Esta defensa ha resuena fuerte y claro entre sus seguidores, mientras el caso sigue avanzando por los canales judiciales.
Algunos sectores del público y expertos en la materia consideran que este caso no solo representa una lucha contra la corrupción en Ecuador, sino que también refleja la polarización política que ha caracterizado la última década en el país. Mientras Moreno subsiste en su cargo en la OEA, persiste un ambiente de incertidumbre en torno a los futuros capítulos de este proceso judicial. La expectativa es alta, no solo sobre el destino del exmandatario, sino también sobre cómo estas acusaciones afectarán el panorama político en Ecuador y una posible era de rendición de cuentas en la gestión pública. La restablecimiento de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, donde se investigan a un total de 24 personas envueltas en este escándalo de corrupción, será un momento clave para la resolución de esta tensa saga judicial.
