El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encuentra en el centro de un grave escándalo tras conocerse un caso de abuso sexual ocurrido en uno de sus jardines infantiles. Este caso, que se suma a una serie de incidentes preocupantes en la institución, involucra a 18 menores que, según las denuncias, fueron objeto de abusos perpetrados por un docente llamado Fabián Vivas en el hogar infantil Corinto en el año 2017. Esta situación ha levantado un clamor entre la sociedad colombiana sobre la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger a los niños bajo el cuidado del Estado.
Las denuncias de abuso en el hogar infantil Corinto llevaron a las familias afectadas a demandar al ICBF y a la Fiscalía General de la Nación por omisión. Los demandantes argumentaron que el Estado falló gravemente en su deber de vigilancia y control, permitiendo que se desarrollaran estos abusos en un entorno donde deberían sentirse seguros. La impotencia y el sufrimiento de los padres y sus hijos ha conmocionado al país, y ha generado un requerimiento urgente para que se tomen medidas preventivas y correctivas en instituciones que velan por el bienestar infantil.
En respuesta a las demandas interpuestas por las familias de las víctimas, en 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó una sentencia que condenó al ICBF y al Hogar Infantil Corinto a indemnizar a los niños afectados. Cada uno de los menores recibirá una compensación equivalente a 200 salarios mínimos legales, además de reparaciones a sus familias, quienes también han sufrido las consecuencias emocionales y psicológicas de estos abusos. Esta decisión judicial busca no solo hacer justicia, sino también enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los más vulnerables.
Además de la indemnización, el tribunal ordenó que se implementen programas de capacitación para todos los trabajadores del ICBF y el personal de jardines infantiles. Esta formación, de al menos 120 horas, tiene como objetivo sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de su rol en la prevención de la violencia escolar y el abuso sexual. La falta de capacitación y preparación en estos temas ha sido un factor crítico en la incapacidad para prevenir tales atrocidades en los entornos infantiles.
A pesar de que el expediente inicial menciona a 18 niños como víctimas del abuso, la sentencia del tribunal aborda la indemnización únicamente para cinco familias, lo que ha generado controversia y cuestionamientos sobre la efectividad de la justicia. Por otro lado, la figura de Fabián Vivas, el acusado, se ha visto envuelta en un trágico desenlace, ya que fue asesinado en 2022. Mientras tanto, se continúa investigando un nuevo caso de abuso en el Hogar Infantil Canadá en Bogotá, donde aún una vez más se reportan incidentes similares, lo que pone de manifiesto la urgencia de mejorar los mecanismos de protección infantil en el país.
