La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, ha suscitado una fuerte controversia al acusar a múltiples empresas multinacionales de beneficiarse del “genocidio” en la Franja de Gaza. En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese destacó la complicidad de empresas de América Latina y España en la actividad militar de Israel en Gaza, donde se documentan violaciones graves de los derechos humanos. Este informe, titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, sostiene que el sufrimiento del pueblo palestino no solo es un problema humanitario, sino también un lucrativo negocio para estas corporaciones. En este contexto, el debate se intensifica sobre el papel de las compañías en conflictos armados y su responsabilidad ética y social.
Entre las empresas mencionadas se encuentran la mexicana Orbia Advance Corporation y la brasileña Petrobras, así como el grupo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). El informe señala que estas empresas han pasado por alto la devastación en Gaza y, en cambio, han priorizado sus beneficios económicos, contribuyendo así a un sistema que perpetúa la opresión contra los palestinos. Israel ha rechazado enérgicamente las acusaciones de genocidio, calificando el informe de Albanese de “infundado”, mientras que las empresas señaladas han eludido en gran medida proporcionar comentarios oficiales sobre su posición en este escándalo internacional.
El envío de carbón colombiano a Israel es uno de los puntos focales del informe. A pesar de los compromisos hechos por el presidente colombiano Gustavo Petro para suspender estas exportaciones hasta que cesen las agresiones israelíes, las empresas suizas y estadounidenses, Glencore y Drummond, respectivamente, han continuado operando en el país. Glencore rechazó las acusaciones de Albanese, pero el informe revela que la actividad de estas compañías contribuye a la infraestructura militar israelí que perpetúa el conflicto. La aparente contradicción entre las declaraciones políticas de la administración colombiana y la realidad de sus relaciones comerciales pone de relieve la presión internacional y la complejidad de los intereses económicos involucrados.
En Brasil, Petrobras también ha sido objeto de críticas a pesar de las posturas públicas del presidente Lula da Silva contra lo que él describe como genocidio israelí. Aunque Petrobras afirma no haber vendido petróleo a clientes israelíes, el informe indica que la compañía tiene una participación significativa en los campos de petróleo brasileños que contribuyen a los esfuerzos bélicos de Israel. Esto plantea serias preguntas sobre la transparencia y las prácticas comerciales de la empresa estatal en un contexto donde los derechos humanos están en juego.
Por otro lado, la tecnología de riego por goteo de Netafim, subsidiaria de Orbia, ha sido acusada de facilitar el expansionismo israelí en Cisjordania, exacerbando la crisis del agua para los palestinos. Asimismo, el grupo CAF ha sido criticado por su participación en la construcción de infraestructura que apoyo la colonización israelí. Las voces de los defensores de derechos humanos, como Agnès Callamard, directora de Amnistía Internacional, subrayan la responsabilidad de estas empresas de actuar de manera ética y cumplir con los estándares internacionales. La situación actual exige un diálogo abierto sobre cómo las políticas empresariales y los intereses económicos se entrelazan en un conflicto que continúa causando gran sufrimiento humano.
