El nuevo presidente o presidenta de Colombia se enfrenta a un país marcado por la preocupación por la seguridad y la violencia, según las encuestas de cara a las elecciones. Con el 40.8% de los ciudadanos señalando el orden público como el principal problema, los candidatos han centrado sus campañas en la necesidad de abordar esta crisis. A pesar de los esfuerzos de desmovilización tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, los indicadores de seguridad siguen deteriorándose. En 2025, la tasa de homicidios se mantuvo alta y las disputas por el control territorial entre grupos armados persisten, complicando aún más el panorama para el nuevo líder del país. La proliferación de organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN, y las disidencias de las FARC ilustra la creciente violencia que tendrá que enfrentar quien asuma el poder en agosto.
El narcotráfico sigue siendo un tema candente en Colombia, y el nuevo presidente se encontrará con cifras alarmantes en cuanto a la producción de coca. Un informe reciente de la UNODC reveló que el área cultivada alcanzó un máximo histórico de más de 252,000 hectáreas en 2023. A pesar de las críticas a las políticas antidrogas implementadas por la administración de Gustavo Petro, las incautaciones de cocaína aumentaron significativamente, aunque esto puede deberse también a un incremento en la producción. Con la erradicación de cultivos en niveles bajos, el próximo mandatario deberá afrontar cómo equilibrar la lucha contra el narcotráfico y las realidades del comercio ilícito en el país.
En contraste con la crisis de seguridad, el nuevo gobernante encontrará indicadores económicos que presentan una mejora notable. La pobreza monetaria se ha reducido al 31.8%, una cifra que refleja un avance en la lucha contra la pobreza, aunque Colombia aún se ubica entre los países con las tasas más altas de América Latina. El aumento en el salario mínimo y el crecimiento de la clase media son señales positivas, pero también se han disparado críticas hacia las decisiones económicas que pueden repercutir en el futuro del país. La integración de los aumentos salariales con la inflación y el desempleo será un desafío crucial para quien asuma el cargo, ya que las presiones económicas no son fáciles de equilibrar en esta etapa.
Con el crecimiento económico resurgiendo tras años de estancamiento, se espera que la economía de Colombia crezca un 2.6% en 2025. Sin embargo, este crecimiento es alimentado por un gástico público que plantea serias preocupaciones. El nuevo presidente deberá navegar entre las dificultades de un déficit fiscal creciente y la necesidad de ajustes que eviten una recesión en el futuro. Los expertos advierten que el elevado endeudamiento actual del gobierno podría resultar en consecuencias negativas si no se toman las medidas adecuadas en el ámbito fiscal. Así, el crecimiento económico, aunque alentador, podría ser efímero si no se gestiona con prudencia.
El sistema de salud en Colombia también presenta signos preocupantes. Pese a tener una alta cobertura, el descontento entre los ciudadanos por la calidad de los servicios es manifiesto; más del 72% de la población señala la necesidad de mejorar el sistema de salud. Las quejas sobre la atención de las EPS han aumentado significativamente, evidenciando problemas estructurales en la prestación del servicio. En este contexto, el nuevo presidente deberá encontrar soluciones efectivas para salvar la crisis en el sistema de salud, que afecta a millones de afiliados. La intervención de EPS y los retos en la cobertura serán temas centrales en la agenda política, especialmente en una nación donde la salud es una prioridad que no puede ser ignorada.
