En diciembre de 1902, los acontecimientos en Venezuela llevaron a la comunidad internacional a una preocupación latente, especialmente el canciller argentino Luis María Drago. La situación se tornó alarmante cuando la armada inglesa y alemana llevó a cabo un ataque coordinado contra el puerto de La Guaira, capturando vessels venezolanas y estableciendo un bloqueo en la costa. Esta agresión, que se desarrolló sin una declaración formal de guerra, fue documentada por el historiador Manuel Rodríguez Campos, quien también destacó otras operaciones militares que incluían el asalto al castillo Libertador y el fortín Solano de Puerto Cabello, lo que desató encendidas reacciones en varios países y un llamado a la no intervención en los asuntos internos de naciones más débiles.
Como respuesta a la inminente intervención militar por parte de las potencias europeas, Drago formuló lo que hoy conocemos como la Doctrina Drago, planteando la imposibilidad de utilizar la fuerza armada para resolver disputas de deuda pública. Este principio marcó un hito en el desarrollo del derecho internacional, que más tarde sirvió como base para la prohibición del uso de la fuerza en los conflictos entre naciones, contenido finalmente en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Según Francisco Quintana, profesor de Derecho Global, la influencia de Drago se refleja en las normas que regulan las relaciones internacionales, enfatizando el valor de la soberanía y la no intervención.
Para comprender la crisis de 1902, es esencial un análisis del contexto histórico. Durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, se celebraron contratos con compañías europeas para la construcción de ferrocarriles, lo que llevó a la creación de una deuda nacional inmanejable. Esta situación se complicó bajo la presidencia de Cipriano Castro, quien, tras asumir el poder mediante un levantamiento armado, optó por la moratoria de pagos de deudas tanto internas como externas. Esta decisión fue vista como un acto de soberanía, pero también provocó la reacción feroz de las potencias que exigían el cumplimiento de sus reclamaciones económicas, lo que a su vez, desembocó en el bloqueo y la posible intervención internacional.
La Doctrina Drago fue pronunciada en un momento crucial para Latinoamérica, que a finales del siglo XIX y principios del XX experimentaba múltiples intervenciones en sus asuntos internos, generalmente justificadas por la defensa de los intereses económicos de los extranjeros. Martil García Mérou, el embajador argentino en Estados Unidos, colaboró con Drago en la difusión de sus ideas, advirtiendo sobre el peligro que representaba la intervención armada en naciones de la región. La intervención en Venezuela no solo representó una crisis económica sino también una amenaza para la soberanía latinoamericana, algo que Drago describió en sus comunicaciones con otros líderes internacionales.
Finalmente, el bloqueo en Venezuela se levantó tras la mediación de Estados Unidos, que logró establecer acuerdos en los que se exigió al gobierno venezolano la reactivación de sus pagos de deuda. Aunque Castro logró evitar en parte la intervención militar, el costo fue alto para Venezuela, que se vio forzada a ceder ante las demandas de las potencias. A largo plazo, la Doctrina Drago quedó como un fundamento de defensa para las naciones latinoamericanas frente a futuras intromisiones, convirtiéndose en un legado que aún resuena en el ámbito del derecho internacional y en la búsqueda de autodeterminación para los países de la región.
