Cientos de chavistas se movilizaron el sábado pasado en varias localidades de Caracas y en otras regiones de Venezuela para protestar contra la confiscación del buque petrolero Skipper por parte de Estados Unidos. La acción, llevada a cabo por la Guardia Costera estadounidense, fue justificada por el país norteamericano bajo el argumento de combatir el narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, los simpatizantes del gobierno venezolano consideran que este acto es una clara injerencia en los asuntos internos del país, por lo que se congregaron en diferentes puntos de la capital para manifestar su rechazo y llevar a cabo pequeñas marchas que expresaron su descontento con el accionar estadounidense.
El buque Skipper fue interceptado el martes de la semana pasada mientras navegaba bajo bandera falsa frente a las costas de Venezuela. La operación fue ejecutada por un despliegue conjunto del Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos, y se realizó a raíz de un pedido judicial debido al historial del barco relacionado con el contrabando de petróleo iraní. Sin embargo, esta vez, el buque transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El gobierno de Nicolás Maduro no especificó el destino del petróleo, lo que ha aumentado aún más la controversia en torno a la situación.
Venezuela se pronunció firmemente ante la confiscación del Skipper, calificándola de un «robo descarado». El presidente Maduro ha denunciado que los tripulantes del buque se encuentran desaparecidos desde la incautación. Esta situación ha generado un clima de tensión entre ambos países, donde Venezuela considera que Estados Unidos está utilizando la lucha contra el narcotráfico como un pretexto para realizar acciones hostiles en la región. La Casa Blanca, por su parte, ha aclarado que el Skipper será trasladado a un puerto estadounidense como parte del proceso de decomiso debido a las sanciones aplicadas al país por su relación con el petróleo.
La oposición venezolana ha resaltado la necesidad de un enfoque crítico sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que según el gobierno de Maduro, busca facilitar un cambio de régimen y no combatir el narcotráfico como se alega. Esta narrativa se apoya en el trasfondo histórico de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, donde las tensiones han ido en aumento desde la llegada de Maduro al poder. Las manifestaciones de apoyo hacia el gobierno y su rechazo a la intervención extranjera son parte de una estrategia comunicacional que busca fortalecer la imagen de la administración en medio de las crisis económica y social que enfrenta el país.
Este conflicto en torno al buque Skipper se suma a una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos, que incluyen medidas contra miembros de la familia de Maduro, presuntamente involucrados en actividades de narcotráfico. Con este contexto, es evidente que la lucha por el petróleo venezolano y el control sobre sus recursos energéticos sigue siendo un punto central de fricción entre Caracas y Washington, creando un panorama de inseguridad y desconfianza que podría complicar aún más las relaciones bilaterales en el futuro. Al mismo tiempo, la intervención militar en la región aviva el debate sobre la soberanía venezolana y el derecho a gestionar sus propios recursos.
