El gobierno de Ecuador ha activado una alerta máxima a nivel nacional tras la divulgación de un informe de inteligencia militar que advierte sobre un presunto complot para atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa. Este aviso provino del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y fue ratificado por el Ministro de Gobierno, José De la Gasca. La reacción inmediata del Ejecutivo ha sido el despiegue de importantes medidas de seguridad en todo el país, poniendo especial énfasis en la protección del presidente y su gabinete. Este alarmante anuncio ha cobrado mayor relevancia debido al reciente contexto político tras la reelección de Noboa, quien ha sido cuestionado por la candidata de la oposición, Luisa González, sobre supuestas irregularidades en las elecciones, generando un clima de inestabilidad y preocupación en la nación.
Además de la posible amenaza al presidente, el documento filtrado también hace mención de un plan más amplio que incluye potenciales ataques contra infraestructuras claves del país, tales como puentes, bancos y edificios gubernamentales. Según las autoridades, este plan también contempla la incitación a manifestaciones violentas, un hecho que podría desestabilizar aún más la gobernabilidad en Ecuador. El Ejecutivo ecuatoriano se ha comprometido a activar todos los protocolos de seguridad, coordinando esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, con el objetivo de prevenir cualquier posible acto violento que atente contra la seguridad del país y sus instituciones.
El Ministerio de Gobierno ha condenado rotundamente cualquier intento de atentar contra la vida del presidente y funcionarios del Estado. A través de un comunicado oficial, las autoridades han calificado de «deplorable» que grupos criminales estén, supuestamente, tratando de instaurar el miedo y el caos en el país, en complicidad con ciertos sectores políticos. Aunque no se hace una mención directa al movimiento correísta, esto ocurre en un contexto donde la oposición ha expresado su desacuerdo con los resultados electorales y ha denunciado un posible fraude. Actualmente, el presidente Noboa se encuentra en Florida, Estados Unidos, en un viaje considerado privado por su gobierno, aunque su retorno a Ecuador está programado para el próximo martes.
Ecuador no es ajeno a una ola de violencia desatada por el crimen organizado que ha dominado la narrativa política desde que Noboa declaró la guerra a estas bandas, catalogadas recientemente como grupos terroristas. Desde enero de 2024, el país ha estado en un estado de conflicto armado interno, reflejado en el alarmante aumento de la tasa de homicidios, la más alta de América Latina. Hasta la fecha, se estima que en 2025 se registra un promedio de un asesinato por hora, lo que ha llevado a la pérdida de vidas de personajes prominentes en la lucha contra la delincuencia, incluidos fiscales, policías y políticos, como el trágico asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La situación actual en Ecuador ha puesto al gobierno en una encrucijada complicada, donde debe enfrentar no solo los retos del crimen organizado sino también la desconfianza y el escepticismo de sectores políticos que cuestionan su legitimidad. La alerta máxima y los esfuerzos por desarticular planes criminales son evidencias de un gobierno que se aferra a su control, mientras que las tensiones políticas continúan aumentando. En este contexto, la comunidad internacional observa con atención, dada la implicación de mafias y sicarios que se estarían trasladando desde otros países, como México, para llevar a cabo estos planes, lo que plantea serios interrogantes sobre la seguridad y la estabilidad del país.
