Colombia se ha visto sacudida por una de sus jornadas más trágicas en años, marcada por dos devastadores ataques que han dejado un saldo de al menos 19 muertos y decenas de heridos. El primero fue un atentado con explosivos contra una base militar en la ciudad de Cali, mientras que en Antioquia, un helicóptero de la policía fue derribado, resultando en la muerte de varios agentes. El presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse, calificando el día como “un día de muerte en Colombia” y manifestando su preocupación por el aumento de la violencia asociada a las disidencias de las FARC. Las autoridades han atribuido la autoría de estos ataques a dos facciones: el Estado Mayor Central comandado por Iván Mordisco y el Frente 36 bajo el mando de alias Calarcá, lo que resalta la complejidad de la situación de seguridad en el país.
La escisión de las disidencias de las FARC en 2024 ha dado lugar a un nuevo escenario de violencia, donde el EMC y el EMBF operan de manera autónoma pero con la misma finalidad de oponerse al Estado colombiano. El EMC, liderado por Iván Mordisco, es responsable del atentado en Cali, mientras que el EMBF se atribuye el derribo del helicóptero en Antioquia. A pesar de los intentos de negociación por parte del gobierno de Petro, la situación ha permanecido tensa y conflictiva, con el presidente pidiendo que las disidencias de Mordisco sean consideradas terroristas y perseguidas internacionalmente, mientras que la relación con el EMBF parece estar en un limbo de negociaciones a pesar de los recientes ataques.
La historia reciente de las disidencias de las FARC se remonta a 2016, cuando la guerrilla se desmovilizó tras los acuerdos de paz. Sin embargo, no todos los grupos fueron absorbidos en este proceso, y líderes como Iván Mordisco optaron por continuar en la lucha armada. Estas disidencias han evolucionado, creando estructuras locales que operan de manera autónoma, lo que dificulta la identificación de sus líderes y la implementación de estrategias militares efectivas por parte del Estado. Los recientes ataques reflejan una consolidación de estas facciones, que han sabido aprovechar los recursos del narcotráfico y otras actividades ilícitas para financiar su guerra contra el gobierno.
En medio de este clima de violencia, el gobierno de Petro ha mantenido una política de paz total que busca incluir no solo a antiguos grupos guerrilleros, sino también a nuevas bandas criminales. Sin embargo, la falta de resultados concretos ha generado críticas y desconfianza en su capacidad para manejar la situación. El reciente ataque con el que se adjudica la responsabilidad al EMC tiene eco de una profunda crisis de seguridad que podría arruinar los esfuerzos de negociación existentes. Mientras algunos sectores abogan por un acercamiento con el EMBF como una alternativa para la paz, otros exigen una respuesta más contundente contra todos los grupos armados que desafían la autoridad del Estado.
Finalmente, el legado de las FARC y las disidencias se ha convertido en un tema crucial en el debate político colombiano. Al tiempo que el gobierno impulsa diálogos de paz, la reaparición de actos de violencia como el atentado en Cali y el derribo del helicóptero subrayan la fragilidad del proceso. Las críticas de gobernadores y líderes locales reflejan un sentido de urgencia: la paciencia de la comunidad se está agotando, y la necesidad de resultados tangibles se vuelve cada vez más apremiante. La tragedia de este jueves constituye un triste recordatorio de los desafíos que Colombia aún enfrenta en su camino hacia la paz.
