Un juez supremo de Perú ha ordenado este viernes la captura internacional y la prisión preventiva de cinco meses contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. La decisión del magistrado Juan Carlos Checkley se fundamenta en la percepción de un riesgo palpable de fuga, dado que Chávez está actualmente asilada en la residencia de la embajada de México en Lima. La exfuncionaria se enfrenta a serios cargos por su supuesta participación en el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Además, el juez revocó la comparecencia restringida que mantenía Chávez, argumentando que su incumplimiento de las condiciones impuestas afecta gravemente el curso del proceso judicial en su contra.
A los 33 años, Betssy Chávez se encuentra en el centro de una polémica que ha elevado las tensiones entre Perú y México. Actualmente enfrenta una solicitud fiscal que aboga por una pena de 25 años de prisión por el delito de rebelión. Cabe recordar que la exministra ya había cumplido con un período de detención preventiva entre 2023 y 2025, que fue considerado arbitrario por el Tribunal Constitucional, tras un fallo que dictaminó que la Fiscalía no había actuado con la debida diligencia para solicitar la extensión de dicha medida en su contra.
La situación se ha intensificado tras el asilo político otorgado a Chávez por México, lo que ha llevado al gobierno peruano a romper formalmente sus relaciones diplomáticas con el país vecino. En este contexto, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, enfatizó que su administración no tiene intenciones de forzar la entrada a la embajada mexicana, en clara alusión a incidentes anteriores como el de Ecuador. La ruptura de relaciones incluye la declaración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como persona non grata en Perú, un movimiento que podría tener repercusiones en las interacciones diplomáticas futuras.
Ante esta crisis diplomática, el gobierno peruano ha tomado la decisión de denunciar a México en tribunales internacionales, afirmando su respeto por el derecho internacional y descartando acciones violentas contra un país vecino. La denuncia se adentra en la problemática más amplia de asilo y soberanía, añadiendo un nivel de complejidad a las relaciones entre ambas naciones, especialmente en el contexto de una región que ya enfrenta tensiones políticas.
Betssy Chávez, identificada como una de las figuras más cercanas a Pedro Castillo durante su administración, continúa en su estatus de asilada en la embajada de México mientras el gobierno peruano sostiene que su salida del país debe ser analizada bajo el marco interamericano aplicable al asilo político. Esta situación ha suscitado un debate significativo sobre los derechos de los asilados y las obligaciones de los estados ante las solicitudes de asilo. Mientras tanto, la embajada de México ha experimentado nuevas tensiones, ya que su encargada abandona Perú en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas.
