El canciller de Perú, Hugo de Zela, propuso este miércoles durante su comparecencia en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos para el asilo diplomático. Esta iniciativa surge en medio de la controversia por el asilo otorgado por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien fue condenada a más de 11 años de prisión por su implicación en el intento fallido de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. De Zela advirtió que se tiene que prevenir que el asilo se convierta en un mecanismo utilizado para eludir la justicia, marcando así su preocupación por la «evolución negativa» del uso de este derecho consagrado en diversos tratados internacionales.
La situación actual es tensa, ya que el asilo a Chávez ha llevado a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, lo que ha escalado la disputa a nivel regional. Aunque el canciller argumentó que su intervención no se centra específicamente en el caso de Chávez, la controversia subraya su planteamiento de que el derecho de asilo debe utilizarse con más responsabilidad. Según De Zela, es fundamental que las evaluaciones de asilo incluyan un análisis riguroso y objetivo que considere la información proporcionada por el Estado del que se solicita asilo, así como fuentes externas confiables, antes de emitir una decisión sobre la concesión del mismo.
Hugo de Zela también subrayó que a pesar de la crisis política que atraviesa Perú, los principios del debido proceso y no impunidad deben prevalecer en todas las decisiones gubernamentales. Afirmó que el país esta contemplando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano para buscar una solución a la crisis del asilo y llamó a los Estados miembros de la OEA a colaborar en el fortalecimiento del multilateralismo y de los tratados relacionados con el asilo. Esto pone de relieve una clara intención del gobierno peruano de sentar un precedente que evite futuros abusos del asilo en la región, al mismo tiempo que busca reforzar la cooperación internacional.
En respuesta a estas propuestas, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, defendió enérgicamente el asilo diplomático como un pilar fundamental de la dignidad humana. En su intervención, Baños expresó su preocupación por el abordaje que Perú pretende dar al asilo de Chávez, denunciando que este debate es en realidad una disputa bilateral que no debería tener cabida en un foro como la OEA. Resaltó que no todos los Estados que son parte de la Convención de Caracas forman parte de la OEA, lo que hace que no se pueda revisar ni reinterpretar el tratado en el organismo internacional.
La embajadora también insistió en que México actuó de acuerdo con la normativa interamericana vigente al conceder asilo a Betssy Chávez, y enfatizó la necesidad de respetar el marco del derecho internacional. La defensa del asilo por parte de México señaló la tensión existente entre las realidades políticas internas de Perú y los principios de protección de los derechos humanos que sostienen el asilo diplomático. Este episodio ha dejado claro que la región enfrenta importantes desafíos relacionados con la justicia, la política y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, lo que requerirá de un diálogo constructivo y respetuoso entre las naciones.
