Desde el Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte anunció la reciente promulgación de una ley de amnistía que busca honrar a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo en Perú entre 1980 y 2000. «Hoy rendimos homenaje a aquellos valientes que sacrificaron tanto por nuestra paz y seguridad», señaló la mandataria, subrayando que muchos de estos hombres y mujeres enfrentaron juicios injustos y un dolor prolongado que no solo los afectó a ellos, sino también a sus familias. La promulgación de esta ley ha suscitado un intenso debate en el país, ya que intenta cerrar un capítulo oscuro de la historia reciente de Perú.
La decisión de Boluarte se produce en medio de un contexto polémico, ya que la iniciativa fue criticada tanto por el Poder Judicial como por la Fiscalía del país, además de la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había solicitado la suspensión inmediata de la ley. A pesar de estas voces en contra, la presidenta defendió la norma al afirmar que el gobierno actuó en conformidad con el marco jurídico nacional e internacional. ‘Rechazamos cualquier tipo de intromisión y defendemos la dignidad de nuestros compatriotas’, agregó al tiempo que reafirmó su compromiso con las fuerzas que lucharon para mantener el orden y la estabilidad en un periodo marcado por la violencia.
Uno de los puntos clave de la ley de amnistía es su enfoque en las circunstancias particulares de los involucrados. Según Fernando Rospigliosi, ex-presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, esta norma no promueve la impunidad, sino que reconoce los sacrificios realizados por aquellos que enfrentaron al terrorismo. La ley establece beneficios específicos, incluyendo la amnistía para individuos sin sentencia firme y para adultos mayores de 70 años que se encuentren en ejecución de pena, lo que busca aliviar la carga judicial que enfrentan muchos de ellos. Este enfoque ha sido recibido con reacciones mixtas, desde el apoyo de algunos sectores hasta la incertidumbre de otros.
En su discurso, Boluarte enfatizó que no se pueden continuar judicializando a personas de edad avanzada que cumplieron con su deber constitucional en un momento de crisis. «No es justo que hombres de 70 y 80 años sigan arrastrando cadenas judiciales que destruyen sus vidas y las de sus seres queridos», declaró. A lo largo de su intervención, la presidenta apeló a la necesidad de justicia y reconocimiento hacia quienes sacrificaron su bienestar por el país. Su firme postura ha reflotado las tensiones relacionadas con las políticas sobre derechos humanos y la memoria histórica de Perú.
La promulgación de la ley de amnistía también plantea un desafío delicado para el actual gobierno, que deberá navegar las aguas de la opinión pública dividida y la presión internacional. Mientras algunos celebran esta medida como un acto de justicia y reconocimiento, otros temen que pueda verse como un intento de minimizar violaciones de derechos humanos en un periodo tan tumultuoso. La presidenta Dina Boluarte ha dejado claro que su administración está preparada para defender esta legislación e insistió en que el respeto por las decisiones del Estado peruano es innegociable. En un momento en que el país busca reconciliar su pasado, el impacto de esta ley seguirá siendo un tema candente en el debate nacional.
