La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado recientemente al Estado de Nicaragua que garantice la vida y la libertad de E.J.F.C., una mujer cuyo paradero se desconoce desde el 21 de marzo de 2025. Este caso ha captado la atención internacional debido a las graves imputaciones de violencia sexual que E.J.F.C. sufrió en 2005 por parte del presidente nicaragüense Daniel Ortega, cuando ella era menor de edad. Además, la Corte ha solicitado medidas urgentes para proteger también a sus hijas, C.M.F. y M.M.F., garantizando sus derechos a la integridad, la educación y el acceso a actividades recreativas.
En sus medidas provisionales, la Corte IDH ha exigido al gobierno nicaragüense que adopte acciones concretas para asegurar la vida y la integridad personal de E.J.F.C. y sus hijas. Asimismo, el tribunal ha demandado que se levanten medidas que pudieran oscurecer el paradero de las beneficiarias. En el caso particular de M.M.F., la Corte ha requerido que cese su situación de aislamiento y que se le garantice acceso a educación y atención psicosocial, dado que ha estado bajo vigilancia estatal y sin contacto con su familia desde la desaparición de su madre.
Este caso se origina en un alegato de Santos Sebastián Flores Castillo, hermano de E.J.F.C., quien denunció estos actos de violencia y, en represalia, fue condenado en 2013 a quince años de prisión en un juicio considerado por muchos como una fabricación. Flores Castillo falleció en 2021 en custodia estatal, lo que ha añadido una capa de gravedad a las denuncias contra el gobierno de Ortega, que ha sido señalado por múltiples violaciones a los derechos humanos. La Corte IDH ha respondido a la solicitud de los representantes legales de Flores Castillo, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y libertad de su hermana y sus hijas.
Desde la desaparición de E.J.F.C. y su hija C.M.F., quienes son reportadas como desaparecidas desde marzo de 2025, las condiciones de M.M.F. también han sido objeto de preocupación. La niña de ocho años ha estado bajo el control permanente de agentes estatales y no ha podido asistir a la escuela ni disfrutar de actividades recreativas. La última información sobre su estado data de mayo de 2026, y los representantes de las víctimas han denunciado que todas las comunicaciones han sido bloqueadas, levantando serias alarmas sobre su bienestar.
La Corte IDH ha declarado a Nicaragua en desacato desde 2022, reflejando la continua negativa del Estado a cumplir con resoluciones anteriores que ordenaban la liberación de opositores políticos y aseguraban la protección de sus vidas y salud. La falta de respuesta de Nicaragua ante las órdenes de la Corte, así como la ausencia de representantes en las audiencias, plantea un escenario preocupante en el que las violaciones de derechos humanos permanecen sin sanción en el país. Las medidas provisionales actuales apuntan a una creciente presión internacional para que el Estado nicaragüense rinda cuentas en este y otros casos de violaciones a los derechos humanos.
