Una jueza ecuatoriana ha declarado inocentes a 32 pescadores, quienes enfrentaban cargos por presunta asociación ilícita, después de que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia de delito alguno por parte de las tripulaciones de los barcos Conquista 2 y María Candelaria. La resolución, que fue emitida el miércoles en Manta, beneficia a ocho tripulantes del primero y a 24 del segundo. Estas embarcaciones habían sido interceptadas y destruidas por las fuerzas estadounidenses en el océano Pacífico entre finales de agosto y septiembre de este año, un hecho que ha generado repercusiones legales y sociales en la región. Juan Alvia, abogado defensor, subrayó que la jueza hizo una revisión exhaustiva de las pruebas y concluyó que no se logró demostrar la comisión de un delito por parte de los pescadores.
Los barcos Conquista 2 y María Candelaria formaban parte de un grupo de embarcaciones que fueron destruidas durante operaciones de erradicación de tráfico de drogas que incluyeron la participación de fuerzas militares de Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano. Según el Comando Sur estadounidense, el 15 de septiembre se realizó una operación en la que se desmanteló una estación de abastecimiento en alta mar que supuestamente apoyaba operaciones ilegales de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Sin embargo, la defensa ha cuestionado la validez de las operaciones y la información manejada por las autoridades, argumentando que no se presentaron pruebas concretas que vincularan a los pescadores con actividades ilícitas.
La versión proporcionada por el Comando Sur sugiere que las embarcaciones operaban como estaciones flotantes para el abastecimiento de combustible a lanchas dedicadas al tráfico de drogas. Además, los tripulantes fueron inicialmente asociados con Los Choneros, un grupo criminal ecuatoriano vinculado al narcotráfico. No obstante, la defensa señaló que estas acusaciones carecen de sustento, ya que durante el juicio no se presentaron las evidencias necesarias para probar la implicación de los pescadores en tales actividades delictivas, lo que lleva a cuestionar la razón detrás de su detención y el hundimiento de sus barcos.
La reciente resolución de la jueza representa el primer fallo en una serie de casos judiciales relacionados con pescadores detenidos tras la destrucción de sus embarcaciones. Este caso particular involucra a 32 pescadores, pero hay otros procesos anticipados que abarcan a un total de 88 tripulantes de cinco embarcaciones diferentes. Un juicio adicional, que afecta a 46 personas, estaba programado para comenzar este jueves, mientras que otro proceso que involucra a 10 acusados ha sido pospuesto para el 20 de octubre. Esta situación pone de relieve la complejidad del tema y las preocupaciones sobre la posibilidad de un tratamiento equitativo en el sistema judicial.
Tras la decisión judicial, los pescadores y sus abogados están considerando diversas acciones para exigir una investigación sobre la destrucción de las embarcaciones y las circunstancias de las interceptaciones en alta mar. La defensa ha mencionado que algunos tripulantes fueron detenidos antes de ser entregados a las autoridades ecuatorianas, lo que suscita mayores preocupaciones sobre los derechos humanos involucrados en estos operativos. Organizaciones como Human Rights Watch han instado tanto a Estados Unidos como a Ecuador a transparentar el fundamento legal de las operaciones y a presentar pruebas que sustenten la relación de los pescadores con los delitos que se les imputan, en un contexto donde la controversia sigue creciendo en torno a la legalidad de las acciones contra embarcaciones ecuatorianas en el Océano Pacífico.
