Situada en las colinas que bordean San Salvador, Campanera solía ser un lugar donde las tensiones y la violencia eran palpables. Adélia Rosales, una maestra de preescolar que vivió allí junto a su familia, recuerda con horror un día en el que cinco muertos aparecieron en un callejón cercano. La brutalidad del Barrio 18, una de las pandillas más temidas del país, había convertido a este vecindario en uno de los más peligrosos del mundo. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en 2022, cuando el gobierno de Nayib Bukele implementó un régimen de excepción que permitió a la policía arrestar sin orden judicial, llevando a la detención de unas 90.000 personas acusadas de vínculos con delincuentes, con el objetivo declarado de recuperar la seguridad en comunidades como la de Adélia.
Con el régimen de excepción aún en vigor, Adélia y otros residentes ven un cambio tangible en su comunidad. En un reciente reportaje de BBC News Brasil, se observó un ambiente mucho más tranquilo en Campanera; niños jugando en las calles y familias disfrutando de la comida en los puestos de la zona. La presencia militar en las calles se ha vuelto habitual, disuadiendo así la actividad pandillera. Mientras que la violencia parece haber disminuido considerablemente —en 2025 la tasa de homicidios en El Salvador fue de 1,3 por cada 100,000 habitantes—, muchos se preguntan a qué costo se logró esta aparente paz.
Sin embargo, el «modelo Bukele» ha despertado tanto admiración como críticas. En Brasil, varios candidatos a la presidencia han manifestado su interés en replicar las estrategias del salvadoreño. Bukele ha conseguido, según encuestas, un nivel de aprobación del 67,4%, un hito en América Latina, pero este apoyo ha venido acompañado de un aumento en la concentración del poder y la represión de la oposición. Críticos argumentan que esta falta de balance democrático plantea serias preocupaciones sobre el futuro del país, sugiriendo que el control de Bukele sobre el sistema judicial compromete los derechos fundamentales de los ciudadanos, un eco de gobiernos autoritarios en la región.
Los analistas advierten que, a pesar de la disminución en la violencia, El Salvador enfrenta un aumento alarmante en los índices de pobreza. Según el Banco Mundial, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza se incrementó del 22,8% al 27,2% entre 2019 y 2023, contrastando con el crecimiento económico que ha experimentado el país. Muchos salvadoreños han expresado su preocupación por la economía, el empleo y el costo de vida, cuestionando si las mejoras en seguridad realmente se traducen en un mejor bienestar económico para la población, en un contexto donde predomina la desigualdad.
La historia personal de Marta Elena González, madre de dos hombres arrestados bajo el régimen de excepción y quien perdió a uno de ellos en prisión, ilustra las falencias del sistema de justicia actual. Sus hijos fueron detenidos basándose en denuncias anónimas, y Marta pasó años sin saber de ellos, solo para descubrir la muerte de José Alfredo a través de una publicación en redes sociales. Con este caso y otros similares, las organizaciones de derechos humanos en El Salvador han levantado la voz, advirtiendo que muchos prisioneros enfrentan meses de detención sin cargos formales, lo que pone en cuestión la ética y la legalidad del régimen actual de Bukele.
