Centenares de campesinos e indígenas bolivianos han finalizado una histórica caminata de 24 días desde la Amazonía hasta La Paz, exigiendo al presidente Rodrigo Paz la anulación de la controvertida Ley 1720. Esta ley, que permite la reclasificación de tierras de pequeñas a medianas para ser utilizadas como garantía en créditos bancarios, ha generado un fuerte rechazo entre los sectores más vulnerables, quienes temen que su implementación favorezca a terratenientes y empresarios agrícolas, poniendo en riesgo sus propiedades. La llegada de los manifestantes a la capital ha sido recibida con solidaridad de varios grupos que apoyan su lucha por la defensa de la tierra y sus derechos.
El líder campesino Faifer Cuajera, a la cabeza de esta movilización, ha advertido al mandatario que si no atiende su pliego petitorio, los parlamentarios y él mismo podrían enfrentar serias consecuencias. Cuajera subrayó que este movimiento no es meramente político, sino una genuina «lucha social» que busca reivindicaciones para todos los bolivianos. A este llamado se ha sumado la Central Obrera Boliviana (COB), que ha convocado a una huelga indefinida, junto a otros sindicatos de maestros y organizaciones campesinas que amenazan con bloquear caminos a partir del miércoles.
La postura del Gobierno, por su parte, ha sido insistir en que ya existe un decreto que protege las tierras comunitarias indígenas y que el uso de estas como garantía no es obligatorio. Sin embargo, los campesinos y líderes indígenas han reiterado su demanda de abrogar la norma, argumentando que su aplicación podría llevar a la pérdida de sus tierras en favor de grandes intereses económicos. Viviana Palomeque, otra de las voces de la protesta, enfatizó que el Ejecutivo tiene la capacidad de resolver esta crisis de inmediato si existe voluntad política.
El presidente Rodrigo Paz ha expresado su disposición a revisar la Ley 1720, sugiriendo que se pueden abrir discusiones sobre su perfeccionamiento para incluir mejores protecciones para los derechos de los sectores campesinos e indígenas. A pesar de esto, la percepción entre los manifestantes es de desconfianza, pues temen que cualquier cambio sea insuficiente para salvaguardar sus tierras. Paz reconoció que la próxima semana será complicada, con múltiples convocatorias a huelgas de diferentes sectores, augurando un panorama tensionado en el ámbito social y político.
Pese a la convocatoria de huelga por parte de la COB, este lunes la actividad laboral en La Paz parecía continuar con normalidad, lo que indica una falta de unidad en el llamado a la lucha. La movilización de los campesinos se mantiene como un símbolo de resistencia ante políticas que consideran perjudiciales, y su pacífica llegada a La Paz señala un fuerte compromiso con su causa. La situación sigue centrada en la necesidad de un diálogo que logre equilibrar los intereses de diversos sectores en un país con una rica diversidad cultural y social.
