La organización no gubernamental venezolana Foro Penal ha reportado la excarcelación de al menos 444 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero hasta el 15 de febrero de 2026. Esta cifra, presentada a través de la cuenta de X de su presidente Alfredo Romero, se refiere únicamente a las liberaciones verificadas durante este periodo, excluyendo aquellos casos en los que la libertad se condiciona a arresto domiciliario u otras restricciones. Esta situación genera un rayo de esperanza para muchas familias, aunque las condiciones de cada liberación siguen siendo motivo de controversia y preocupación.
Foro Penal ha aclarado que no considera como excarcelaciones legítimas aquellas situaciones en las que, tras salir de centros de reclusión, los individuos continúan bajo arresto domiciliario o enfrentan limitaciones a su libertad. Un caso notable es el de Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la opositora María Corina Machado, quien fue liberado junto a otros activistas, pero posteriormente colocado nuevamente en arresto domiciliario. Esta reinternación en procesos judiciales, como la reaprehensión por supuestas violaciones de medidas cautelares, refuerza las críticas sobre la falta de libertad real para los excarcelados.
En medio de este panorama, se está discutiendo una propuesta de ley de amnistía promovida por el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez. Rodríguez anunció el 6 de febrero que si se aprueba la ley, se procederá a liberar a «todos» los presos políticos. No obstante, el debate sobre el segundo artículo de esta iniciativa fue pospuesto, creando tensiones y dudas sobre la viabilidad de la misma. El requisito que los procesados se presenten ante la justicia genera divisiones, lo que puede obstaculizar el progreso hacia una liberación total.
Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación por la situación actual, insistiendo en que, aunque las liberaciones son un paso positivo, cientos de personas continúan privadas de libertad por razones políticas. Amnesty International ha hecho un llamado para que se garantice justicia y transparencia, así como un cese definitivo de las detenciones arbitrarias. La situación sugiere que, aunque hay indicios de avance, el camino hacia la verdadera libertad en Venezuela está lejos de completarse.
El contexto político del país ha cambiado tras el secuestro en enero del expresidente Nicolás Maduro, la asunción de Delcy Rodríguez como mandataria encargada y la apertura de un ‘nuevo momento político’, según declaraciones oficiales. Sin embargo, tanto defensores de derechos humanos como miembros de la oposición afirman que las liberaciones de presos políticos son emblemáticas de una libertad solo parcial. Este escenario revela que, a pesar de los cambios, persisten prácticas represivas que afectan a quienes disienten políticamente, lo que plantea interrogantes sobre la dirección futura del país.
