En un video recientemente difundido, Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC, ha vuelto al foco mediático lanzando advertencias contundentes al Gobierno de Colombia y criticando la estrategia militar impuesta por el presidente Gustavo Petro. En las imágenes, Mordisco aparece en una región selvática acompañado por dos disidentes armados, donde aborda las recientes operaciones militares que resultaron en la muerte de 12 menores de edad, quienes fueron reclutados por su grupo en las regiones del Amazonas, Guaviare y Arauca. Este surgimiento ha sacudido el escenario político nacional, dado que estos ataques aéreos fueron ejecutados como parte de una serie de medidas para desarticular a los grupos criminales que han sembrado el terror en dichos departamentos.
El mensaje de Mordisco no solo es una defensa de su grupo sino también un ataque directo a la administración de Petro, a la que acusa de aplicar un doble discurso al tratar de convencer a la población con una agenda de izquierda mientras gobierna con prácticas de derecha. En una clara crítica, el líder guerrillero señala que su intención era evitar conflictos en el proceso electoral de 2026, pero que se ve obligado a defender los intereses y territorios de su facción debido a lo que percibe como una ofensiva de sectores guerreristas. Este discurso evidencia un aumento en la confrontación entre el gobierno y los remanentes de las FARC, haciendo prever un difícil panorama político y social para el país.
En su declaración, Mordisco insinúa que el reclutamiento de menores es consecuencia de la falta de oportunidades para la juventud colombiana, un argumento que ha sido recurrente en los discursos de varios grupos armados. Sin embargo, su afirmación carece de pruebas y busca justificar un fenómeno que pone en riesgo a miles de jóvenes en el país. Este tipo de justificaciones ha sido objeto de crítica por parte de organizaciones que luchan por los derechos humanos, quienes aseguran que el reclutamiento forzado es un delito y debería ser tratado como tal, en lugar de ser minimizado como un problema social.
Además, Mordisco acusa a los periodistas de estar al servicio de organismos de inteligencia, poniendo en tela de juicio la libertad de prensa en Colombia. Este tipo de declaraciones ha generado preocupación entre entidades defensoras de la libertad de expresión, que ven en estas amenazas un regreso a prácticas represivas que habían disminuido en años anteriores. A medida que se intensifica la violencia y la polarización política en el país, cada vez más voces destacan la necesidad de proteger a los comunicadores y a los ciudadanos de posibles represalias por su labor informativa.
La situación se vuelve más compleja en el contexto de la creciente ola de violencia hacia las comunidades que intentan vivir en paz y construir un país alejado del conflicto armado. La advertencia de Iván Mordisco se suma a un preocupante entorno en el que el uso del narcotráfico y la corrupción se entrelazan con el proceso democrático, como lo enfatizó la senadora María Fernanda Cabal en su reciente declaración. La próxima contienda electoral, programada para 2026, se presenta cada vez más incierta, con el espectro de la violencia acechando el horizonte político y social del país.
