Un juez colombiano ha ordenado la prisión de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, acusado de ser el presunto intermediario entre los autores intelectuales y el grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay, un precandidato presidencial que falleció dos meses después del ataque, el pasado 11 de agosto. La Fiscalía ha imputado a El Viejo por varios delitos graves, entre ellos homicidio, concierto para delinquir, y el uso de menores de edad en actividades delictivas, además de la fabricación y tenencia de armas de fuego. El juez ha reiterado que El Viejo deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación debido a la gravedad de los cargos presentados en su contra.
El caso ha resonado con fuerza en la opinión pública y las autoridades, ya que se considera crucial para desarticular la estructura criminal detrás del asesinato de Uribe Turbay. La Fiscalía ha señalado que El Viejo fue contactado para organizar el ataque, delegando la ejecución del plan en Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien habría definido la logística y los roles de los demás implicados en el atentado. Además, se ha reportado que El Viejo también participó en labores previas de seguimiento a la víctima, incluyendo un episodio en marzo de 2025 donde Uribe Turbay fue fotografiado durante una reunión política en Bogotá.
El nuevo director de la Policía, general William Rincón, ha subrayado la importancia de la captura de Pérez Marroquín para identificar y vincular penalmente a los responsables del homicidio. Según Rincón, la hipótesis más fuerte en este caso sugiere que la estructura criminal detrás del asesinato pertenecería a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. Este desarrollo marca un avance significativo en la investigación y se espera que la información obtenida a partir de la detención de El Viejo proporcione pistas sobre otros individuos involucrados en la planificación y ejecución del crimen.
La captura de El Viejo se produjo en el área rural de Brisas del Güejar, en el municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta, lo que reitera la capacidad de las autoridades de rastrear y desarticular estos grupos criminales desde áreas rurales. A raíz de este caso, la Fiscalía ha detenido a otras ocho personas, incluido un menor de edad que disparó contra el político, quien ya ha recibido una sanción de siete años de privación de libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades continúan trabajando para entender la profundidad de estas redes criminales y su potencial amenaza para la paz y seguridad en Colombia.
Este incidente resalta la precariedad de la seguridad en el entorno político colombiano y plantea serias preocupaciones sobre la violencia que acecha a los liderazgos emergentes en el país. La investigación y las decisiones judiciales en este caso se seguirán de cerca, ya que el contexto de amenazas y homicidios a candidatos políticos en Colombia es alarmantemente alto. Tanto la ciudadanía como las instituciones deberán estar atentas a las implicaciones que este caso puede tener en el futuro proceso electoral y en el estado de derecho en el país.
