Arturo Suárez llegó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador con una única solicitud: conservar sus lentes, un objeto esencial para su vida diaria. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando sufrió una golpiza que dejó inservibles sus anteojos. Al desmayarse, fue trasladado a pie por dos custodios al módulo 8, un pabellón que albergó a 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. Esta megacárcel, inaugurada por el presidente Nayib Bukele, fue concebida inicialmente para confinar a pandilleros, pero las políticas de migración de Trump llevaron a su uso para contener a venezolanos que buscaban una vida mejor, y que encontraron en su lugar un destino de horror y sufrimiento.
La situación en El Salvador ha estado marcada por la violencia extrema que han ejercido las maras, grupos criminales que durante años sembraron el terror a través de asesinatos y extorsiones. En respuesta a esta crisis, Bukele implementó una política de mano dura que, si bien ha reducido las tasas de homicidio, ha suscitado preocupaciones serias sobre las violaciones de derechos humanos. Durante su primer día en el Cecot, Suárez escuchó la inquietante bienvenida del director de la prisión, quien les decía que estaban condenados, convirtiendo sus esperanzas en una pesadilla. La realidad es que, aunque el país ha mejorado en ciertos indicadores de seguridad, esto ha venido acompañado de abusos sistemáticos hacia aquellos considerados como peligrosos, sin distinción.
Los migrantes venezolanos, que en su mayoría eran trabajadores honrados, se encontraron atrapados en un sistema que los criminalizaba injustamente. Edwuar Hernández, otro de los deportados, relata el desgarrador momento de su llegada, donde les hicieron hincarse y les raparon la cabeza. Fueron tratados como criminales a pesar de no tener antecedentes, y el director de la prisión les advirtió que no volverían a probar carne ni pollo. Esta deshumanización busca reforzar un discurso social que los retrata como parte del «famoso Tren de Aragua», sometiéndolos a condiciones de vida degradantes y tratamiento brutal desde el primer momento.
El Cecot se ha convertido en un símbolo de la falta de derechos y la injusticia que enfrentan muchos migrantes en el proceso de deportación. Los testimonios recogen cómo la vida diaria se convierte en una lucha por la supervivencia, donde se ven obligados a compartir celdas asfixiantes y violentas sin la posibilidad de comunicarse con el exterior. La violencia era parte del cotidiano, y el miedo a represalias mantenía a los detenidos en un estado constante de alerta. La opacidad y el hermetismo del Cecot dificultan las denuncias de abusos, y muchos se sienten atrapados sin opciones de defensa o legalidad, lo que acentúa su sufrimiento.
A medida que avanzaba el tiempo en el Cecot, los migrantes venezolanos forjaron lazos entre ellos, buscando maneras de sobrellevar la experiencia insoportable. Actividades como juegos improvisados con materiales de la misma prisión les ofrecieron un respiro momentáneo. Sin embargo, las condiciones inhumanas y el tratamiento brutal se convirtieron en una sombra permanente de sus vidas. Cuando finalmente fueron deportados de regreso a Venezuela, muchos de ellos habían perdido no solo su libertad física, sino también su salud mental y emocional. Mientras intentan reintegrarse a la vida normal, la huella de su experiencia en el Cecot sigue presente, recordándoles que, a pesar de su libertad, su historia y el trauma vivido aún los persiguen.
