En una contundente operación realizada por la Policía Nacional en las ciudades de Cúcuta y Santa Marta, se ha llevado a cabo un embargo judicial de la empresa de seguridad privada Seprinort Ltda. Esta acción está relacionada con el presunto cabecilla financiero del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), Emanuel Rodríguez Ramírez, conocido como «Luis Capricornio» o «la R». La operación ha sido un duro golpe a la estructura financiera que apoya actividades delincuenciales, revelando la conexión entre empresas de fachada y organizaciones criminales.
El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que la operación incluyó varios allanamientos y resultó en la ocupación de varios activos pertenecientes a Rodríguez Ramírez. Entre estos se encuentran cuatro cuentas bancarias, dos establecimientos comerciales, una sociedad económica, dos inmuebles y 28 automóviles. El monto total de los bienes embargados supera los 2.100 millones de pesos, evidenciando la magnitud de las operaciones financieras que se manejaban desde su organización.
En las instalaciones de Seprinort Ltda., se hallaron 60 armas de fuego, 21 armas no letales junto con munición y proveedores, lo que sugiere que la empresa podría haber estado implicada no solo en actividades de seguridad, sino también en facilitar tráfico de armas hacia grupos criminales. Esta revelación ha sembrado preocupación sobre las prácticas utilizadas por empresas que pretenden legitimar sus operaciones mientras en realidad sirven a fines ilícitos, como el asesinato y la extorsión.
Rodríguez Ramírez, que había sido capturado anteriormente en febrero de 2023 en Ciénaga, Magdalena, también es objeto de investigación por su supuesta participación en el homicidio del líder social Fredy Angarita Martínez, ocurrido en 2020. La capacidad del ELN para infiltrarse en la sociedad civil a través de empresas legítimas subraya la urgencia de una respuesta más directa y coordinada entre las fuerzas de seguridad y la comunidad para desmantelar estas estructuras delictivas.
Con esta operación, se espera afectar de manera significativa el músculo financiero del ELN, además de debilitar su capacidad operativa. La estrategia implementada por las autoridades busca no solo desmantelar redes de apoyo logístico y financiero del grupo terrorista, sino también enviar un mensaje claro sobre la determinación del Estado colombiano de combatir el crimen y la corrupción vinculada al narcotráfico y a la violencia que azota a regiones como Norte de Santander.
