El reciente informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas ha puesto de relieve la alarmante situación de los derechos humanos en el país. Según este informe, se documentan violaciones graves como asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, clasificadas como crímenes de lesa humanidad. El abogado Jan-Michael Simon, presidente del grupo, subrayó que el Estado nicaragüense está persiguiendo a su propia población mediante una represión sistemática, un hecho que debería despertar la atención y el deber de respuesta de la comunidad internacional. Este nuevo documento se suma a las denuncias previas realizadas por el equipo, quienes desde 2018 han evidenciado la dura represión desatada durante y después de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las ejecuciones extrajudiciales son uno de los aspectos más impactantes del informe. Los expertos han investigado minuciosamente los casos de al menos 40 muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2018, concluyendo que en todos los casos se trató de asesinatos intencionados por parte de agentes del Estado y grupos armados afines. Estas muertes se producen en un contexto de represión, donde las fuerzas de seguridad disparan a quemarropa contra los manifestantes. Este tipo de violencia estatal ha sido sistemática desde 2018, convirtiéndose en un componente clave de la actual crisis de derechos humanos en Nicaragua.
Asimismo, las detenciones arbitrarias han proliferado en el país, afectando a miles de ciudadanos, muchos de ellos sin justificación legal. En los últimos seis años, se estima que más de 5.000 personas han sido arrestadas por motivos políticos, sin el debido proceso. Las circunstancias de estas detenciones son preocupantes, ya que frecuentemente se llevan a cabo sin aviso y con la ausencia de una defensa legal adecuada. Muchos de estos detenidos sufren condiciones de aislamiento y hostigamiento que atentan contra su integridad personal, reflejando un patrón de violaciones a los derechos humanos que no solo criminaliza la disidencia, sino que también ataca directamente la dignidad humana.
El informe también subraya la gravedad de las torturas infligidas a los detenidos, prácticas que se han normalizado en las instituciones penitenciarias del país. Testimonios de exmiembros de la Policía han revelado métodos brutales de tortura, como asfixia y golpizas, que se utilizan con el fin de desdibujar la resistencia de la oposición. Este clima de miedo instaurado por el régimen no solo tiene un impacto en las víctimas directas, sino que también traumatiza a sus familias y comunidades, dejando secuelas que perduran mucho más allá de las detenciones y agresiones físicas.
Finalmente, las deportaciones masivas y desapariciones forzadas son otros dos crímenes de lesa humanidad que resuenan en el informe del Grupo de Expertos. La expulsión de opositores políticos y las desapariciones sistemáticas perpetradas por el Estado han causado un sufrimiento incalculable en las familias afectadas. Estas acciones no solo violan el derecho internacional, sino que también revelan un sistema fabricado por el gobierno que se ensaña con aquellos que disienten. En conjunto, estas violaciones reflejan cómo el régimen de Ortega y Murillo intenta controlar y eliminar cualquier forma de oposición, perpetuando una dictadura que, según los expertos, debería ser juzgada tanto en la Corte Internacional de Justicia como en otros tribunales internacionales.
