Los números son escalofriantes: al menos 27 uniformados, entre policías y militares, han sido asesinados en Colombia en un lapso de apenas doce días, del 15 al 27 de abril, según lo declarado por el presidente Gustavo Petro. Este aumento en la violencia no solo ha causado consternación en la población colombiana, sino que ha puesto en evidencia la fragilidad de la seguridad en el país. Los asesinos, que operan bajo distintas agrupaciones armadas, han reactivado lo que se conoce como un “plan pistola”, un término que evoca un periodo oscuro de la historia colombiana, marcado por la feroz violencia del narcotráfico en los años 80, cuando Pablo Escobar desató una guerra abierta contra el Estado, cuyas atrocidades dejaron una huella imborrable en la sociedad. Esto plantea serias preguntas sobre la efectividad de la estrategia de paz anunciada por Petro, quien llegó al poder con la promesa de buscar la reconciliación en un país plagado de conflicto.
En el contexto de nuevas elecciones presidenciales en 2025, el panorama se torna aún más sombrío. La campaña de «paz total» lanzada por Petro empieza a parecer cada vez más distante, con resultados decepcionantes visibles en diferentes regiones como Catatumbo, Cauca y Valle del Cauca. Estas áreas, que ya enfrentaban problemas serios de seguridad, alertan sobre un deterioro progresivo, mientras el gobierno lucha por controlar la ofensiva violenta de grupos armados como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Expertos como Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, sugieren que estos ataques no son necesariamente un esfuerzo coordinado entre grupos, sino reacciones individuales a un cambio en la política del gobierno que ha percibido un giro hacia una confrontación más directa.
Recientemente, una operativa entre la policía colombiana y la DEA resultó en la muerte de uno de los líderes más notables del EGC, lo que parece haber desencadenado una respuesta violenta hacia las fuerzas armadas. Desde esa operación, se han registrado al menos 27 asesinatos de uniformados, marcando un ámbito de preocupación nunca antes visto desde los peores momentos del conflicto. De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, el primer trimestre de 2025 se ha convertido en el más mortífero para las fuerzas del Estado desde 2018, lo que pone de relieve la escalofriante escalada de violencia en el país.
El presidente Petro llegó al poder con un enfoque prometedor; sin embargo, su incapacidad de implementar reformas significativas y su estrategia de paz pronto se vieron comprometidas. Con diálogos suspendidos y un giro hacia una postura más combativa, su administración parece estar en un callejón sin salida. El nombramiento del militar Pedro Sánchez como ministro de Defensa ha sido interpretado como un claro indicativo de que el gobierno adoptará un enfoque más agresivo contra los grupos armados, en lugar de buscar el diálogo. Expertos advierten que esta decisión podría exacerbar aún más la violencia, produciendo un ciclo interminable de retaliaciones.
Analistas han comenzado a trazar paralelismos entre el actual conflicto y la brutal guerra que desató Pablo Escobar en la década de los 80. Las tácticas empleadas hoy por el EGC reflejan una herencia inquietante de esos tiempos, incluidas las recompensas monetarias por la muerte de policías y militares. Mientras el gobierno intenta implementar medidas de protección para sus funcionarios ante la oleada de violencia, la resistencia de grupos armados está impulsando la percepción de que la paz total soñada por Petro es, en realidad, una utopía. El expresidente César Gaviria ha criticado la falta de una estrategia militar coherente en la política de paz, lamentando que la «paz total» no es más que una fantasía improvisada.
