En medio de un régimen de excepción que ha llevado a la detención de miles de salvadoreños inocentes, emerge un escándalo que sacude las bases de la política salvadoreña. Carlos Cartagena López, apodado «Charli de la IVU», uno de los líderes más notorios de la pandilla Revolucionarios del Barrio 18, fue liberado en secreto por el gobierno de Nayib Bukele. En un impactante testimonio revelado por El Faro, Charli no solo admitió su liberación mediante “órdenes superiores”, sino que también expuso pactos secretos entre las pandillas y el gobierno, indicando que Bukele debe su ascenso político a la colaboración con estas organizaciones criminales.
Durante una entrevista en la que se mostró sorprendentemente relajado, Charli compartió detalles sobre las alianzas forjadas entre su agrupación y el entorno presidencial. Afirmó que el apoyo de las pandillas fue crucial para la victoria electoral de Bukele, señalando que esta relación se estableció en 2014, cuando Bukele se postuló como alcalde de San Salvador. A través de una serie de acuerdos, que incluían desde amenazas a votantes opositores hasta el reparto de dinero entre diferentes pandillas, aseguraron un apoyo territorial esencial para el candidato, lo que, según Charli, influyó decisivamente en la elección.
Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, subrayó que las revelaciones de Charli muestran cómo las pandillas transformaron a Bukele en un político relevante, enfatizando que es «imposible entender su ascenso al poder total sin su sociedad con las pandillas.» La historia oscura del líder pandillero también se remonta a su captura en abril de 2022, de la cual fue liberado casi de inmediato bajo circunstancias sospechosas, recibiendo escolta policial hasta su hogar. Este hecho se suma a otros casos similares de liberaciones clandestinas de líderes pandilleros, lo que pone en entredicho la lucha de Bukele contra las pandillas.
Además de las acusaciones de corruptas negociaciones electorales, se ha señalado que la administración de Bukele podría haber tratado con gobiernos extranjeros la repatriación de pandilleros a cambio de favores diplomáticos, incluyendo el uso del megapenal CECOT como una promesa a Estados Unidos. A pesar de la abundante evidencia que respalda estas afirmaciones, el presidente no ha respondido a las acusaciones ni a los testimonios recolectados en diversas investigaciones periodísticas. Esto plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética de su gobierno en relación con el crimen organizado.
El régimen de excepción desatado por Bukele ha llevado a un aumento alarmante en las detenciones arbitrarias en El Salvador, donde miles de personas han sido apresadas por motivos vagos e indefinidos, como denuncias anónimas o la simple posesión de tatuajes artísticos. A medida que la comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, las demandas de transparencia y justicia se hacen más fuertes, mientras figuras políticas, como Gustavo Petro de Colombia, han instado a Bukele a actuar de acuerdo con los derechos humanos y la legalidad. La situación actual refleja una crisis en la gobernanza y una peligrosa alianza entre el estado y las organizaciones criminales.
